Un jurado popular enjuiciará en mayo a un oficial de la Guardia Civil que daba chivatazos a los narcos

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 5 de mayo en la Audiencia Provincial de Sevilla a un oficial de la Guardia Civil destinado en Sevilla para quien la Fiscalía reclama un total de catorce años y cuatro meses de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto, en una vista oral en la que también serán juzgados otros dos acusados.

De este modo, el día 5 de mayo tendrá lugar la constitución del jurado popular, mientras que para el día 8 del mismo mes están previstas la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas y la declaración de los tres acusados; los días 9 y 10 comparecerán testigos, y el día 11 lo harán testigos y peritos.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público reclama para el agente, por un delito continuado de cohecho, ocho años de prisión, multa de 5.400 euros y catorce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; cuatro años de cárcel y multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por un delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa, y el pago de una multa de 2.880 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.

De igual modo, la Fiscalía solicita para un segundo acusado cuatro años de cárcel y multa de 3.240 euros por un delito de cohecho; otros cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por un delito de hurto, y cuatro meses de prisión por un delito de tentativa de hurto. Asimismo, el tercero de los acusados se enfrenta a cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por el delito de tráfico de drogas; a dos años de cárcel por el delito de hurto, y a cuatro meses de prisión por la tentativa de hurto.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que, como consecuencia de investigaciones policiales iniciadas en el mes de febrero de 2019, se tuvo conocimiento de que el oficial de la Guardia Civil acusado “colaboraba con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas, facilitándoles la información policial que le requerían, consistente fundamentalmente en consultas en las bases de datos policiales de personas y vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas”.

De este modo, el acusado accedería a la información contenida en las bases de datos policiales, “pero que no estaban enmarcadas dentro de sus funciones como agente de la Autoridad, para seguidamente revelar la información obtenida, a la que había tenido acceso con ocasión de su profesión como miembro de la Guardia Civil, a cambio de prestaciones económicas”.

El Ministerio Público enumera seguidamente alguna de estas acciones y agrega que, para lograr la finalidad referida de “colaborar con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas”, el agente “se servía” del segundo de los acusados, quien “tenía contacto directo con las personas que se dedicaban al tráfico de drogas y era el intermediario entre éstos” y el guardia civil acusado, “percibiendo cantidades dinerarias por dicha actividad” y “facilitando los datos requeridos” para que el agente “realizara las búsquedas en las bases de datos policiales”, constituyendo entre ambos un “blindaje”, denominación utilizada” por ambos “para garantizar la seguridad de las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas al conocer e informar a los interesados si cualquier unidad policial pudiera estar investigando estas actividades, participando la información obtenida, y por la que obtenían ambos prestaciones económicas”.

El fiscal señala que, “para obtener gran parte de la información policial que le requerían”, el agente acusado “intentó atraer” a un agente encubierto, funcionario de la Policía Judicial que había sido debidamente autorizado judicialmente para dicha actuación, a fin de que “colaborara con él de forma activa, fundamentalmente coordinando policialmente en las bases de datos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “a personas y entidades en el marco de alguna investigación policial, al objeto de saber si estaban siendo investigadas en relación con actividades por tráfico de drogas”, pues el agente inculpado “carecía de acceso a esas bases de datos, necesitando la colaboración del agente encubierto, que sí tenía acceso a las mismas”.

Se apoderaron presuntamente de 29 fardos de hachís

Así, y según el Ministerio Público, el guardia civil investigado solicitó al agente encubierto “la grabación en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de las personas físicas, personas jurídicas y vehículos vinculados a las operativas de actividades de tráfico de drogas para conseguir un plus de seguridad y garantizar el éxito de la actividad y también conocer si alguna unidad policial los estuviera investigando”, enumerando seguidamente alguna de estas actuaciones.

El fiscal se refiere además a los hechos que tuvieron lugar el 14 de junio de 2020, cuando el guardia civil acusado tuvo conocimiento de la existencia de un vehículo intervenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla que contenía 100.000 euros ocultos en una “caleta” de su interior, por lo que el 21 de junio, los tres investigados, en compañía del agente encubierto, procedieron a dirigirse a dicho coche “para apoderarse, con ánimo de enriquecimiento injusto, del dinero referido, lo que no pudieron lograr, toda vez que, tras rebuscar en su interior, no encontraron dinero alguno”.

Asimismo, el agente acusado, “con la idea de realizar cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas para conseguir dinero, también organizó una operativa para apoderarse de fardos de hachís, sustituyéndolos por otros fardos de aspecto similar que contuvieran una sustancia inocua”, y en este sentido el Ministerio Público refiere unos hechos presuntamente ocurridos en la noche del 7 de agosto de 2020, cuando los tres acusados, en compañía del agente encubierto, se dirigieron al contenedor de la Comandancia de la Guardia Civil donde se guarda la droga intervenida en operaciones policiales y, “teniendo conocimiento de que en su interior había una cantidad importante de hachís intervenido, procedieron, con ánimo de enriquecimiento injusto, a apoderarse y a cargar en el interior” de una furgoneta 29 fardos de hachís.

Los acusados dejaron en el lugar donde se encontraba la droga otros 16 fardos de aspecto similar que contenía arena a fin de “no originar sospechas de que se habían apoderado de la droga”, tras lo que la furgoneta fue interceptada por la Guardia Civil cuando abandonaba la Comandancia, siendo intervenidas la droga y la furgoneta, en cuyo interior se encontraban dos de los acusados, todo ello mientras el agente investigado salía de la Comandancia en un vehículo oficial. El valor de la droga intervenida a los tres investigados asciende a 1.525.459,13 euros y “estaba destinada a ser vendida a terceras personas”.