Temor a que la LOSU genere «universidades de primera y de segunda»

Incertidumbre. Es la palabra que más repite el personal docente investigador andaluz cuando se habla de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que prevé aprobar definitivamente el Senado en marzo. La falta de reconocimiento de la labor investigadora y de la excelencia del profesorado de la nueva norma, como ha avanzado LA RAZÓN, hace temer entre los miembros del mismo consultados que genere la existencia de «universidades de primera y de segunda» en todo el país, según se mantengan o supriman lo que se entendía como un derecho consolidado. La disposición derogatoria de la LOSU dejará sin efecto el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que en el artículo 6.4 rebajaba la dedicación lectiva a 160 horas (16 créditos) si se daban determinadas circunstancias. Concretamente, los profesores titulares de universidad que tuviesen tres sexenios y los catedráticos de universidad que tuviesen cuatro sexenios darían 160 horas de clase en vez de las 240. En Andalucía, la decisión afecta a más de 3.000 profesores funcionarios de sus diez universidades públicas, casi la mitad del total del personal docente investigador (PDI).

Lo que era un derecho reconocido pasa a ser una posibilidad que podrá incorporar, o no, cada universidad. De hecho, se podrá dar la circunstancia de que dos investigadores con los mismos sexenios impartan distintas horas de clase dependiendo de la universidad de la que sean funcionarios. Así, la LOSU permite, que no exige, que las universidades puedan reducir el número de horas de clase, lo que algunas fuentes señalan como la generación de una nueva desigualdad dentro del sistema.

El próximo 1 de marzo está convocada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) una jornada de profesorado, en cuyo orden del día está previsto abordar las dudas sobre la LOSU. Las universidades andaluzas se están moviendo para analizar y trabajar de forma conjunta en la presentación de las cuestiones que suscitan mayor preocupación. Hay muchas disposiciones transitorias que no resuelven problemas ni dan respuestas a las dudas.

El reconocimiento de la producción científica no es un tema menor, porque "puede hacer que haya universidades de primera o de segunda dependiendo de cómo aborden este delicado tema», según las fuentes universitarias consultadas.

Las universidades serán las que hagan la política de reconocimiento. Cada institución, por lo tanto, podrá aplicar un criterio de forma particular. El testimonio de un investigador de la Universidad de Málaga sorprende al argumentar que «la comunidad académica aún no lo conoce, pero tiene que reaccionar». A su juicio, la aplicación de la LOSU influirá en proyectos de investigación ya iniciados al reducirse el factor incentivador. «Si la ley nos iguala por abajo sería una injusticia grandísima», agrega. La «trampa» haría que «las universidades que tengan músculo económico podrán seguir manteniendo las reducciones y las que tengan menos, no. Es decir, las ricas van a ser más ricas; y las pobres, más pobres». Llamativo es para el profesorado que las universidades permanezcan «anestesiadas» y que no haya movimiento alguno por parte de rectores, sindicatos o estudiantes cuando «la ley no hay por dónde cogerla, una ley que parece hecha a la medidas de las necesidades de Cataluña».