Nueva normativa energética en Aragón: el Gobierno asegura un desarrollo más equilibrado

El Gobierno de Aragón ha dado un paso clave para garantizar la seguridad jurídica en el ámbito energético al aprobar el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de energía. Este texto, que se presentará en diciembre ante las Cortes de Aragón, busca recuperar el espíritu del decreto ley 1/2023, anulado recientemente por el Tribunal Constitucional (TC).

La nueva normativa tiene como objetivos principales fomentar el autoconsumo, potenciar las energías renovables y establecer un marco legal sólido que respalde el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha subrayado la necesidad de esta "rápida reacción" para cubrir el vacío normativo tras la anulación del decreto anterior. Según Vaquero, el proyecto conserva cerca del 80% del texto previo, pero adapta los artículos señalados por el TC para garantizar su constitucionalidad.

Simplificación administrativa y participación ciudadana

El proyecto de ley se articula en nueve capítulos que abordan diversas áreas estratégicas, entre ellas, el impulso al autoconsumo energético, la promoción de comunidades energéticas y la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética. Este fondo busca canalizar los ingresos derivados de tributos medioambientales hacia los municipios afectados por instalaciones de energías renovables, compensando así su impacto en el territorio.

La nueva ley también contempla una "simplificación administrativa" para proyectos considerados prioritarios. Esta medida busca agilizar la tramitación de planes e inversiones relacionadas con la generación de energías renovables, siguiendo una línea ya marcada por el anterior Ejecutivo. Además, se incorpora un enfoque participativo en la elaboración del plan energético, lo que permitirá a agentes públicos y privados contribuir activamente en la planificación del futuro energético de Aragón.

Un aspecto destacado es la inclusión de las recomendaciones adoptadas por unanimidad en la reciente Comisión de Investigación sobre Energías Renovables de las Cortes. Estas incluyen la necesidad de actualizar la normativa para reducir los tiempos administrativos y ordenar el territorio en función de los impactos que las renovables generan en el paisaje y otros elementos del entorno.

Ordenación territorial y protección del paisaje

El proyecto de ley introduce criterios claros para evaluar los impactos ambientales, paisajísticos, agrícolas y culturales de los parques fotovoltaicos y eólicos. Este análisis permitirá identificar zonas que deben preservarse para evitar afecciones irreversibles en el territorio. Vaquero ha señalado que la ley busca un equilibrio entre el desarrollo energético y la protección del medio ambiente, garantizando un despliegue sostenible de las renovables.

En este marco, se establece la creación de un "foro permanente de la energía", un órgano consultivo compuesto por agentes públicos y privados. Este foro tendrá como misión principal facilitar el diálogo y la colaboración en materia energética, asegurando que las decisiones se tomen de manera inclusiva y transparente.