Australia apela una orden judicial sobre cambio climático

(AP). El gobierno australiano comenzó el lunes su batalla legal contra la histórica decisión de un juez de que el gobierno tiene un deber de cuidados que implica combatir el cambio climático.

La batalla en torno a la expansión de una mina de carbón se produjo mientras el primer ministro, Scott Morrison, intenta convencer a sus compañeros del gobierno conservador de que se comprometan con un objetivo de alcanzar las emisiones neutrales en Australia para 2050.

El proceso judicial fue iniciado por un grupo de ocho ambientalistas adolescentes australianos, de entre 13 y 17 años, que intentaron obligar al gobierno a prohibir una ampliación de la mina Vickery de la compañía Whitehaven Coal.

El juez Mordy Bromberg rechazó en mayo su petición, pero señaló que la ampliación de la mina supondría la extracción de 33 millones de toneladas adicionales de carbón durante 25 años y la liberación de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera.

Sin embargo, los abogados de los jóvenes activistas celebraron como una victoria que Bromberg también concluyó que el gobierno tiene un deber de impedir más daño climático de cara al futuro.

La ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley, autorizó más tarde la ampliación de la mina.

Sus abogados dijeron el lunes a la Corte Federal que no hay pruebas de que el carbón adicional de la mina ampliada aumente el riesgo de que la temperatura global aumente más allá de 2 grados Celsius (3,6 grados Fahreneheit) por encima de la era preindustrial.

El carbón se vendería a Japón, Corea del Sur y Taiwán, países que han prometido limitar sus emisiones según el Acuerdo Climático de París de 2015.

El abogado del gobierno Stephen Donaghue dijo a los tres jueces que Australia no tenía control sobre las emisiones de efecto invernadero producidas en esos tres lugares al quemar el carbón.

Las emisiones, afirmó, “tienen que ser contabilizadas por esos países que tienen compromisos” dentro del acuerdo de París, dijo Donaghue.

Los abogados de los niños, afirmó, no habían demostrado que si el carbón australiano no se extraía, los clientes no comprarían carbón de inferior calidad en otro lugar que produjera emisiones peores.

Estaba previsto que la apelación del gobierno durase tres días.

Una de las demandantes, Anjali Sharma, de 17 años, acusó al gobierno de seguir eludiendo su responsabilidad en el aumento de los riesgos climáticos.

“Defenderemos con orgullo el fallo histórico de que nuestro gobierno debe a todos los niños australianos un ‘deber de cuidados’, y pelearemos para proteger a mi generación de los crecientes riesgos del cambio climático”, afirmó Sharma en un comunicado.

Australia se ha visto bajo crecientes críticas por no fijar objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones de efecto invernadero.

Morrison aceptó la semana pasada asistir a la conferencia climática del mes próximo en la ciudad escocesa de Glasgow, pero sus socios de gobierno aún no han autorizado un compromiso de cero emisiones.

El tema causa muchas divisiones políticas en Australia, que es uno de los mayores exportadores del mundo de carbón y gas natural licuado. El país también es uno de los peores emisores de gases de efecto invernadero per capita por su gran dependencia de la energía obtenida con carbón.