Barbón advierte de que Asturias está perdiendo financiación por no oficializar sus lenguas

Declaración de intenciones del Gobierno de Asturias, que dice sí a la oficialidad, aunque sabe de sobra que no le salen las cuentas. No cuenta con los apoyos necesarios en la Cámara. En resumen, sí quieren, pero no pueden.

Pese a que matemáticamente es imposible, el Gobierno del Principado ha manifestado su apoyo para la toma en consideración de la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para que el asturiano y el gallego-asturiano, ahora rebautizado como eonaviego, sean declaradas lenguas oficiales. Dicen desde el Gobierno de Asturias que la oficialidad de las dos lenguas "abriría la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, cultural y económico".

PSOE y Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé presentaron una proposición para reformar el Estatuto, paso necesario para llevar a cabo la oficialidad. Al tratarse de una proposición de la Cámara y no del propio Ejecutivo, el Gobierno ha emitido criterio sobre la misma. La postura del Presidente es la de siempre , quiere la oficialidad de las lenguas propias en Asturias y apunta a que la situación actual es "de inferioridad frente a otros idiomas cooficiales e impide aprovechar su potencial cultural y económico".

Para el Gobierno de Asturias, la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que data de 1998, y es la que está vigente, es insuficiente. Apuntan desde el Gobierno de Asturias las dificultades a las que se han enfrentado varios ayuntamientos a la hora de facilitar el empleo del asturiano en la tramitación administrativa o los vacíos existentes en el ámbito educativo "tanto para el alumnado como para el profesorado que imparte estas lenguas que, al no ser oficiales, no tienen reconocida su especialidad docente".

El Gobierno también advierte que Asturias está perdiendo financiación por no oficializar sus lenguas propias y se quedan al margen de programas europeos, líneas de financiación para proyectos culturales, literarios o audiovisuales. "Esto afecta gravemente la creación artística y la producción cultural, ya que muchas iniciativas no cuentan con los recursos necesarios para desarrollarse, lo que tiene un impacto directo en la publicación de libros, la producción de obras de teatro, cine y televisión, y la creación de música en las lenguas propias", añade el Ejecutivo.

Tras el pronunciamiento del Consejo de Gobierno, el trámite siguiente consiste en la toma en consideración de la proposición por parte del parlamento, su debate y votación. Para la reforma del Estatuto es necesario un respaldo mínimo de 27 diputados y dada la composición actual de la Junta General, sólo saldría adelante si contase con el apoyo del PP, que ya ha dicho que no va a apoyar una medida que implique obligatoriedad.