Contabilización de consumos: un reparto solidario de los ahorros

La creación de dos mil puestos de trabajo o el ahorro de 1.100 millones de euros de la factura energética de muchas familias españolas en los próximos años son argumentos suficientes, o deberían serlo, como para llamar la atención de nuestros representantes políticos y sociales.

La creación de dos mil puestos de trabajo o el ahorro de 1.100 millones de euros de la factura energética de muchas familias españolas en los próximos años son argumentos suficientes, o deberían serlo, como para llamar la atención de nuestros representantes políticos y sociales.

Estos nuevos puestos de trabajo o el enorme potencial de ahorro energético son sólo algunos de los beneficios que se obtendrán en nuestro país cuando se complete la trasposición de la Directiva de Eficiencia Energética 27/2012/UE, concretamente en los artículos relacionados con la contabilización individual de calefacción. Algo tan sencillo como que cada usuario de calefacción central pague por lo que realmente consume y sea además capaz de gestionar el confort de su propia vivienda, es posiblemente la iniciativa de eficiencia energética más rentable y con menor coste de implantación de cuantas existen.

El 5 de junio de 2014 finalizó el plazo para que todos los Estados miembros de la UE implantasen esta Directiva europea que obliga a instalar elementos de medición individual para todas las energías, incluidas agua caliente, calefacción y frío, antes del 1 de enero de 2017. En Europa, incluso en países mediterráneos de nuestro entorno, como Francia o Italia, en el que desde hace años se viene implantando esta iniciativa (y que por cierto acaban de transponer la Directiva), millones de familias ya disfrutan de ello. A tan sólo tres meses para que se cumpla el plazo obligatorio, aún estamos a la espera de la transposición completa de esta ley europea en España.

Como consecuencia de esta falta de transposición, que estamos convencidos se resolverá pronto, nos encontramos con un sector que aunque crece por la evidencia de las ventajas de esos dispositivos en términos de ahorros e impacto medioambiental (cada familia ahorra una media de 220 €/año), no encuentra el apoyo necesario de una normativa que avale su desarrollo con las máximas garantías. En este caso, las decisiones y preferencias de los ciudadanos marcan el ritmo, aunque este no esté respaldado aún por la legislación.

Según un reciente estudio realizado este mismo año por la Universidad de Alcalá en más de dos mil viviendas que ya cumplen con la Directiva y tienen instalados dispositivos de medición y control de su consumo, se han alcanzado ahorros medios de un 30,5 por ciento en el gasto en calefacción del edificio. Cada día comprobamos cómo estas familias aumentan con estos ahorros su renta disponible, y nos alegrael grado de satisfacción con el que esta medida es percibida por los vecinos.

La medición individual de calefacción supone no sólo un reparto más justo de los costes (cada uno paga ni más ni menos que la energía que consume) sino sobre todo un reparto solidario de los ahorros. Nuestra experiencia así lo dice: las familias que son más sensibles al gasto y, por tanto, las que menos recursos tienen, son las que finalmente más ahorran en su gasto en calefacción. Todo ello sin comprometer su propio confort.

Estamos, por tanto, ante una iniciativa de eficiencia energética que supone un enorme potencial de ahorro energético para el país, evita la emisión de 2,4 millones de CO2 anuales, crea puestos de trabajo estables, y además es solidaria.

Tal como nos decía un representante de la Comisión Europea hace unos días en una reunión celebrada en Madrid con representantes de todo el espectro político español, la contabilización individual de consumos de calefacción excede cualquier controversia política, no da lugar a diferencias de opinión entre partidos, es simplemente una medida rentable que genera beneficios económicos y medioambientales para España y ahorro a 1,5 millones de familias.

Aprovechemos, por tanto, este marco y la inercia favorable –la que nos quede– para dejar avanzar a iniciativas que faciliten el día a día del conjunto de la sociedad. No es tan complicado. Se trata de facilitar el derecho de muchas familias españolas a disponer de la información de cómo, cuándo y cuánto gastan su energía doméstica y facilitarles las herramientas necesarias para ahorrar. Es bueno para todos en conjunto y es bueno para cada uno.