Frente a la tala ilegal

Mientras que países como Alemania, Reino Unido o Bélgica tienen penas de prisión para tratar de disuadir esta práctica; en España; sólo multas

Entre el 50 y el 90 por ciento de la madera que se extrae o se comercializa a nivel mundial se hace de manera ilegal, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma); una práctica que supone unas pérdidas de entre 27.000 y 90.000 millones de euros al año, y que va en aumento. Pero esta semana cinco países africanos han dado un paso decisivo para combatir este comercio ilegal, al firmar un acuerdo sin precedentes gracias al cual Kenia, Tanzania, Uganda, Madagascar y Mozambique, lucharán de forma conjunta para, si no erradicar, sí al menos frenar el comercio regional de madera extraída de forma ilegal en el este y en el sur del continente africano. La declaración histórica que ha tenido lugar durante la celebración del XIV Congreso Forestal Mundial ha sido aplaudida por diferentes entes, que han calificado el acuerdo como un paso significativo para solucionar una de las causas de pérdida de nuestros bosques. Y es que en estas regiones existe un creciente comercio de madera y otros productos madereros de origen ilegal que circulan a través de Tanzania, Kenia, Uganda, Madagascar, Zambia, Mozambique y Malawi, así como hacia la parte oeste y central del continente.

Ahora bien, todavía queda un largo camino por recorrer y no sólo en los países donde se produce in situ la tala ilegal. Y es que aunque desde marzo de 2013 entró en vigor el Reglamento europeo que tiene como objetivo la lucha contra la tala ilegal, lo cierto es que han pasado dos años y seis meses y España sigue sin garantizar la correcta aplicación de esta normativa al no haber aprobado aún el Real Decreto correspondiente, «ya que aprobó un régimen sancionador, pero no el marco legislativo al respecto», recuerda Elena Domínguez Salinas, técnica de Sensibilización de Mercados de WWF España. De hecho, la Comisión Europea ya abrió un proceso de infracción a España por no haberlo hecho efectiva esta normativa.

Algo que se espera que suceda en breve. «El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, consciente del problema que supone la tala ilegal, está respondiendo al requerimiento de la Comisión Europea. En cuanto a la adopción de un marco legislativo,la designación de la Autoridad Competente se va a formalizar en el Real Decreto que está enviado para información del Consejo de Estado y para información pública, el cual se aprobará dentro de este año», aseguraron desde la citada cartera. «Las autoridades competentes para realizar los controles serán las Comunidades Autónomas», añaden desde el Ministerio de Agricultura.

Ahora bien desde diferentes organizaciones, además de recordar que hay que dotar con los suficientes medios y recursos para poder hacer frente a la tala ilegal (algo que está por ver), inciden en que las sanciones, éstas sí aprobadas, «no son lo suficientemente disuasorias. Las cuantías son muy bajas», precisa Domínguez Salinas. Máxime si se compara con otros países de nuestro entorno.

En concreto, en julio de este año se publicó la Ley 21/2015 de 20 de julio por la que se modificaba la Ley de Montes de 2003 añadiendo una tipificación de infracciones y sus correspondientes sanciones. Así, las infracciones leves, es decir en los casos en los que la madera tenga un valor inferior a 50.000 euros, las multas serán de 100 a 1.000 euros. En las infracciones graves (para madera por un valor de entre 50.000 y 200.000 euros), las multas serán de 1.001 a 100.000 euros. Y en las muy graves, la sanción prevista es entre 100.001 y 1.000.000 de euros, salvo que el importe de la madera indebidamente comercializada, o el doble coste de reposición del daño causado, fueran superiores al millón de euros. En este caso, la sanción será equivalente al importe mayor.

Puede parecer mucho, pero como apunta la técnica de WWF, «en Alemania y en Reino Unido han impuesto penas hasta de cárcel». La situación se repite en el caso de Bélgica. Las penas allí «van desde 960 a 24.000.000 euros, y /o pena de prisión de ocho días a tres años. Las multas administrativas van desde 480 a 1.200.000 euros. Consideramos que las sanciones son suficientemente disuasorias, pero el problema es que en Bélgica las autoridades competentes no tienen la capacidad suficiente para controlar a los operadores, y que los controles, en nuestra opinión, no se hacen con la debida diligencia. De hecho, no se les sanciona», según los datos de WWF Bélgica facilitados por la técnica.

Y es que aunque las penas de cárcel pueden disuadir, lo cierto es que de poco sirven si no se hacen los debidos controles. De ahí la importancia de poner el personal y los recursos necesarios con el fin de poder frenar la entrada de madera talada ilegalmente que continúa llegando a nuestro país.

Entradas bajo sospecha

De hecho, esta misma semana Greenpeace ha denunciado la entrada en nuestro mercado de madera sospechosa de proceder de talas ilegales de Camerún. Durante el año 2015 cinco empresas belgas, siete holandesas y dos españolas (Maderas Rias Baixas S. L. y Maderas Medina S. L.) han estado involucradas en el comercio de madera de la compañía de Camerún CCT, empresa que compra y exporta madera procedente de compañías madereras involucradas en la tala ilegal. Y es que el problema continúa siendo la dificultad para garantizar la legalidad del origen de la madera, ya que en muchos casos «el documento en el que se acredita el origen de la madera, aunque aparentemente parecezca legal, es falso», explica la técnica de Sensibilización de Mercados.

Y no es el único caso, también entra en nuestro país madera procedente de talas ilegales en Brasil y República Democrática del Congo, según ha denunciado en diversas ocasiones Greenpeace. De ahí, la importancia de que España haga efectivo ya el reglamento europeo, que es de obligatorio cumplimiento, y por el que las empresas están obligadas a tomar medidas directas para evitar el riesgo de introducir en el mercado europeo madera ilegal.

Biodiversidad en jaque

La deforestación y la tala ilegal está poniendo en jaque el hábitat de diversas especies. En el caso de las selvas tropicales centroafricanas, que conforman la segunda mayor superficie de bosque tropical después de la Amazonia, sus bosques son claves para gorilas y chimpancés. En el caso de Indonesia, la destrucción de más de la mitad de los bosques para distintos fines, como el aceite de palma, está llevando a la extinción especies tan singulares como el rinoceronte de Sumatra, el tigre y el orangután. Por todo ello, acuerdos como la Declaración de Zanzíbar resultan clave. También saber qué comprar, y no sólo por los sellos que certifican que es madera extraída legalmente, porque la deforestación y la tala ilegal también está promovida para impulsar la agricultura comercial. Así, durante los últimos diez años, cada minuto se ha talado una superficie de bosque tropical equivalente a cinco campos de fútbol y la mayoría de esa destrucción ilegal fue impulsada por la demanda exterior de productos agrícolas, como carne, aceite de palma, soja y productos madereros, según revela el estudio publicado por Forest Trends.