Sociedad

Polémica por esta práctica de un restaurante de Mallorca que no ha gustado a sus clientes

A principios de este mes otro restaurante de Ibiza fue escenario de polémica después de que una usuaria de X denunciara que le habían incluido en la cuenta un cobro de 12 euros por un gancho para bolsos

Una cuenta y la propina
Una cuenta y la propina, imagen de archivoLRLR

Un restaurante de Palmanova, en el municipio mallorquín de Calvià, se ha situado en el centro de la polémica tras conocerse que aplica de forma automática un 10 % de recargo en concepto de propina en las facturas de sus clientes.

La medida, que no siempre es detectada en un primer vistazo, ha sido calificada de “irregular” por asociaciones de consumidores, que recuerdan que en España la propina es siempre un gesto voluntario y nunca puede imponerse por defecto.

La situación salió a la luz gracias a la denuncia de un cliente, que acudió al restaurante Anabelle junto a un grupo de amigos. Según relata, la experiencia fue satisfactoria en términos de comida y atención, pero al revisar la cuenta con detalle advirtió que el importe final incluía un suplemento del 10 % bajo el concepto de “servicio”. El detalle, explica, se encontraba en un tamaño de letra tan reducido que pasaba fácilmente inadvertido.

Críticas y comentarios a favor

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subrayan que la legislación es clara: en España el precio de la comida y del servicio debe estar reflejado en la carta, y cualquier suplemento adicional aplicado sin consentimiento expreso del cliente constituye una práctica ilegal. Tampoco puede justificarse como “cubierto” u otro concepto similar, ya que el servicio está implícito en los precios que se muestran al consumidor.

No es la primera vez que el establecimiento recibe comentarios en este sentido. Algunas reseñas en plataformas digitales como Google Maps también mencionan que el restaurante añade este recargo a la cuenta de manera automática, lo que ha generado quejas entre comensales.

Consultados por los medios locales, los responsables del negocio defienden que su proceder es “transparente”. Aseguran que el cargo aparece en la factura claramente diferenciado, mostrando tanto el importe con la propina incluida como el importe sin ella, “en negrita y en mayúsculas”.

Añaden, además, que se trata de un suplemento opcional y que, en caso de reclamación, el importe se devuelve sin problema. “Es una práctica que se mueve en una zona gris legal. El cliente siempre tiene la última palabra”, argumentan.

Un episodio parecido en Ibiza

Este episodio recuerda a otros incidentes recientes ocurridos en el archipiélago. El pasado mes de agosto, una turista denunció en redes sociales que en un restaurante de Ibiza le intentaron cobrar 12 euros después de que una camarera colgara su bolso en un gancho. El caso se viralizó, generando un aluvión de críticas al establecimiento.

La polémica fue a más cuando el restaurante, alegando un grave daño a su reputación, decidió emprender acciones legales contra la clienta, a la que reclamó 36.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

El local sostuvo que el cobro había sido un error puntual y que la cantidad se retiró inmediatamente de la cuenta. Pese a ello, la difusión del caso en redes sociales y el eco de organizaciones de consumidores como Facua acabaron multiplicando la repercusión.

Actuar con transparencia

Lo ocurrido en Palmanova reabre la discusión sobre la claridad en las facturas de los restaurantes y los límites a la hora de repercutir costes adicionales a los clientes. Para los defensores del recargo, se trata de una forma de reconocer el trabajo del personal de sala en un sector donde los sueldos suelen ser ajustados. Para los críticos, sin embargo, supone una forma encubierta de aumentar la cuenta sin que el cliente sea plenamente consciente.

La polémica llega en plena temporada turística, cuando miles de visitantes llenan la isla y la hostelería se convierte en escaparate internacional. Asociaciones de consumidores insisten en que es fundamental que los locales actúen con transparencia para no deteriorar la confianza en un sector clave para la economía balear.