Prohens reprocha al Gobierno que no se haya interesado por las condiciones de acogida de menores migrantes en Baleares

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha expresado este lunes su rechazo a la decisión del Gobierno central de repartir entre distintas comunidades autónomas a los menores migrantes que actualmente se encuentran en Canarias, sin haber consultado previamente a Baleares sobre su capacidad de acogida. La líder autonómica utilizó su cuenta en la red social X para denunciar que la medida se ha aprobado "sin importarle si tenemos capacidad de acogerles en condiciones".

En lo que va de año, según Prohens, han llegado de manera irregular a las costas de Baleares 4.796 personas procedentes de Argelia, de las cuales más de 300 son menores. La presidenta autonómica ha alertado de que la comunidad balear se ha convertido en "la ruta migratoria que más crece", y ha precisado que los cuatro consells insulares cuentan actualmente con los servicios de protección de menores "al límite, con una sobreocupación superior al 1.000%".

El reproche de Prohens al Gobierno se centra en que, pese a la creciente presión migratoria, desde Moncloa no se ha realizado "una sola llamada para interesarse por la situación y condiciones de acogida" en las islas. Además, ha criticado que el Ejecutivo mantenga su voluntad de imponer la llegada de más menores migrantes a Baleares, sin tener en cuenta la capacidad real de alojamiento y recursos disponibles.

"Somos perfectamente conscientes del drama humanitario que viven las Islas Canarias y de que, como siempre, el Gobierno llega tarde", ha señalado Prohens. No obstante, ha puntualizado que la cuestión no solo es solidaridad, sino también "la capacidad de acoger dignamente a estos menores", subrayando que no se puede improvisar un sistema de acogida que garantice protección y atención integral.

Ante esta situación, el Govern balear ha anunciado que recurrirá a "todas las vías legales a su alcance" y estudiará "todas las medidas necesarias" para detener la llegada de los 49 menores que se prevé que sean trasladados desde Canarias en las próximas semanas. Esta respuesta refleja la tensión entre las comunidades autónomas receptoras y el Gobierno central en torno a la gestión migratoria, un debate que se ha intensificado en los últimos años a raíz del incremento de llegadas irregulares desde el norte de África.

La situación migratoria en Baleares se ha convertido en un desafío creciente para las autoridades locales. La combinación de un aumento sostenido de llegadas, especialmente de menores no acompañados, y la limitada capacidad de los centros de acogida ha llevado a que los servicios sociales trabajen en condiciones extremas, lo que preocupa tanto a responsables políticos como a organizaciones de protección infantil.

El caso del archipiélago balear se enmarca en un contexto nacional en el que el Gobierno central ha intentado repartir la presión migratoria entre distintas comunidades autónomas para evitar la saturación de Canarias, el principal punto de llegada. Sin embargo, la falta de coordinación previa y la ausencia de consultas con las regiones receptoras, como denuncia Prohens, generan fricciones y plantean dudas sobre la eficacia y sostenibilidad de estas medidas.

Expertos en migración advierten que la gestión de menores no acompañados requiere recursos especializados, desde atención psicológica hasta educación y acompañamiento social, y que su traslado debe garantizar que estos niños no solo se muevan de un lugar a otro, sino que reciban protección integral. La alarma de Baleares refleja esta realidad y subraya la necesidad de planes de contingencia mejor coordinados entre Gobierno central y comunidades autónomas.

La polémica de este lunes pone de relieve, una vez más, la tensión entre la solidaridad interterritorial y la capacidad real de acogida de las comunidades autónomas, en un escenario que, según las proyecciones, seguirá marcado por la llegada de menores migrantes en los próximos meses.