El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha ratificado la condena a prisión permanente revisable contra Ali Kouch, el autor confeso del asesinato de su pareja embarazada y su hijo de siete años, un crimen que conmocionó a la localidad mallorquina de Sa Pobla en mayo de 2021. Se trata de la primera sentencia de este tipo que se confirma en las Islas Baleares.

La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Kouch, que solicitaba que se modificara la parte del fallo relativa a su futura expulsión de España.

El abogado defensor, Miquel Àngel Ordinas, alegaba que la sentencia debía concretar el momento procesal en el que el condenado podría ser expulsado del país, una vez cumplida parte de su pena.

Según su argumento, esa expulsión debería tener lugar al alcanzar los dos tercios de la condena o al obtener la libertad condicional, y no en el momento en el que acceda al tercer grado, como establece la resolución original.

Primera prisión permanente revisable en Baleares

Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado estas pretensiones y ha mantenido todos los términos de la sentencia dictada el pasado mes de febrero, que ya fue considerada histórica por aplicar por primera vez la prisión permanente revisable en el archipiélago. También se han ratificado las indemnizaciones económicas fijadas para los familiares de las víctimas, que ascienden a cerca de 800.000 euros.

El fallo judicial impone a Ali Kouch una pena de 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja, que se encontraba en avanzado estado de gestación; la pena de prisión permanente revisable por la muerte de su hijo de siete años; y seis meses adicionales por un delito continuado de maltrato habitual.

El relato de los hechos recogido en la sentencia es estremecedor. El tribunal detalla que Kouch atacó a su hijo de forma premeditada, aprovechándose de la relación de confianza y del evidente desequilibrio físico entre ambos.

La máxima pena judicial

“Consumó su propósito con suma facilidad: le cogió del cuello y lo estranguló”, indica el documento. Además, se concluye que el menor fue previamente inmovilizado utilizando los pies, ya que se encontraron fibras de su camiseta en las chanclas que calzaba el acusado.

Para la Sala, esta conducta no deja lugar a dudas sobre la gravedad del crimen y justifica la imposición de la máxima pena contemplada en el ordenamiento jurídico español. En palabras del tribunal, se trata de una “conducta que se define por sí misma y resulta merecedora de un contundente reproche penal”.

Con esta decisión, el TSJIB cierra uno de los casos más impactantes de los últimos años en Baleares, reafirmando la contundencia del sistema judicial ante crímenes de extrema violencia y reforzando el papel de las penas más severas como mecanismo de protección social.