Involución en el siglo XXI

Excluir, prohibir e imponer son los tres verbos que mejor conjuga el tripartito desde que está al frente de la Generalitat Valenciana. Excluyen a quienes no piensan como ellos; prohíben aparcar en el carril bus por las noches, persiguen la fiesta de los toros, deniegan la entrada de la Real Senyera en la Catedral de Valencia; e imponen su ideología en todos los ámbitos aún a costa del sentido común.

Los ciudadanos asistimos atónitos a la catarata de despropósitos de este Ejecutivo que camina al son de los independentistas de Compromís con la aprobación de los socialistas y la palmada en la espalda de Podemos.

Esa ruta trazada por Ximo Puig y Mónica Oltra tiene el gran foco puesto sobre la comunidad educativa y su transformación a través de leyes de corte impositivo como las que, en materia lingüística, se modelaron en Cataluña y se exportaron hace años a Baleares. La nueva ley de plurilingüismo aprobada por el Gobierno valenciano coarta, como venimos denunciando hace meses, la libertad de los padres a la hora de elegir la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos.

Resulta increíble que en pleno siglo XXI tengamos que defender un derecho reconocido en la Constitución pero los prejuicios ideológicos de los gobernantes autonómicos valencianos no dejan lugar a la duda. Hay que evitar que provoquen una involución y luchamos por mantener la libertad de elección.

La sociedad civil se movilizó en contra del decreto de “chantaje lingüístico” que determinaba que para que los niños aprendieran mejor el inglés tenían que elegir la línea en valenciano. Arrinconaron la lengua española: era el objetivo. El PP recogió el guante y los tribunales nos dieron la razón pero no ha sido suficiente y han vuelto a la carga.

El valenciano y el castellano son instrumentos para tender puentes de unión pero el tripartito legisla a golpe de sectarismo enfrentando dos lenguas que, recuerdo, son cooficiales en la Comunidad Valenciana por mucho que en la nueva ley se diga que el valenciano es la lengua propia de los valencianos, como si el castellano no lo fuera.

Ximo Puig se está poniendo el traje nacionalista cada vez con más asiduidad y va a ser recordado como el responsable de entregar nuestros colegios, alumnos e instituciones a los independentistas. Ya nadie contempla a los socialistas como defensores de un modelo de convivencia de la lengua española y el valenciano. Muy al contrario, el secretario general del PSPV comparte diagnóstico con Miquel Iceta a la hora de impulsar la prevalencia del valenciano y del catalán sobre el castellano.

La “policía” lingüística que plantea el Gobierno valenciano también tiene como objetivo extender la imposición y la inmersión más allá de las escuelas para que llegue a los ayuntamientos y a las empresas. Perseguir a quienes no comulgan con sus postulados resulta sobrecogedor y es una realidad que empezamos a vivir en la Comunidad Valenciana.

La voracidad de los nacionalistas no tiene límite y hasta la nomenclatura de las ciudades es objeto de revisión. Quieren que Valencia no exista, solo en su forma valenciana. Lo impulsó el alcalde Joan Ribó (Compromís) mientras el PSPV le aplaude. También esperamos que los tribunales, donde presentamos una denuncia, nos den la razón al respecto de respetar la doble denominación. La alcaldesa socialista de Castellón de La Plana también se suma al delirio nacionalista y quiere eliminar la forma castellana de su histórica nomenclatura.

Es agotador pensar que todos los esfuerzos del tripartito se centran en adoctrinar y nos obligan a defender la libertad de los ciudadanos que, como demuestran las encuestas realizadas por el propio Gobierno valenciano, tienen otras preocupaciones prioritarias como la falta de empleo, las listas de espera en Sanidad o la educación.

Mariano Rajoy afirmaba con buen tino que “imponer a la gente en materia lingüística atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado” y esto es lo que vivimos en la Comunidad Valenciana. No vamos a dejar que una sociedad tolerante y abierta sufra esta pesadilla y daremos la batalla en todas las decisiones que consideramos injustas y contrarias a la Constitución.

En esa línea hemos pedido que el valenciano no sea requisito para acceder a la función pública, sí un mérito, pero no un mecanismo de exclusión. La educación, que debería estar al margen de ideologías y centrada en la mejora de la sociedad, es la herramienta preferida por los nacionalistas para manipular. El PP lo impedirá y queremos que la función pública no sea otro campo donde prime la ideología antes que una buena praxis.

Utilizo esta tribuna para que los españoles conozcan lo que sucede en la Comunidad Valenciana y vean los riesgos que los nacionalismos suponen para el futuro y el progreso de España. Esta ley del Gobierno valenciano abre las puertas de los colegios a entidades nacionalistas afines a Compromís porque ampara sus actividades de imposición monolingüe del valenciano. Han vuelto a legislar de espaldas a los docentes, estudiantes y familias. Garantizo que fracasarán.