La corrupción de PSPV y Compromís

Era cuestión de tiempo. Cuando uno va disfrazado por la vida ocultando su verdadera identidad más tarde o más temprano la realidad te desnuda y hace que se caigan las caretas y quede al descubierto el armazón. Sucede con las personas, con los colectivos y la política no vive ajena a ello.

Enfrentamos tiempos en los que la corrupción ha proyectado una imagen de los políticos nada deseable y la sociedad ha exigido, con razón, ejemplaridad en quienes están al frente de las instituciones y en cargos de responsabilidad de los distintos partidos.

El PP ha sido hostigado hasta sobrepasar los límites de lo razonable cuando algún caso de corrupción ha afectado a sus filas y la petición de destituciones fulminantes y preventivas por parte de los otros partidos ha sido el discurso que han trasladado con vehemencia ante los ciudadanos.

La línea del Partido Popular siempre se ha mantenido en el respeto absoluto a las decisiones de los tribunales de justicia por mucho que algunas de ellas nos resultaran dolorosas. Y el debate se ha centrado en la asunción de responsabilidades judiciales y políticas por separado porque los tiempos que se manejan en ambas esferas suelen ser dispares.

En la Comunidad Valenciana, como en otros territorios, el acoso de formaciones como el PSOE, Compromís o Podemos ha sido evidente hacia los responsables políticos del PP. Andando con dificultad entre tanta zancadilla los populares valencianos pedimos perdón en su día por aquellas cuestiones que no se hicieron bien y dimos un paso al frente en la regeneración y la apertura de una nueva etapa que está germinando con fuerza.

He aquí, sin embargo, que la realidad ha llevado a PSPV y Compromís a enfrentarse a acusaciones de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana. No lo dice Isabel Bonig, lo dicen los jueces. Y esos indicios de la comisión de varios delitos ha derivado en la citación judicial como investigados de diferentes dirigentes socialistas que siguen cobrando, a día de hoy, un sueldo público.

Es en este escenario en el que nos encontramos donde hay que exigir al secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que proceda a la destitución de todos los investigados, tal y como ha venido reclamando él y dirigentes de Compromís como Mónica Oltra y Enric Morera cuando los investigados (entonces imputados) eran de otro partido.

El reloj sigue avanzando y esa decisión no llega. Es más, el número dos del PSOE, José Luis Ábalos, ya ha dejado claro que hasta que no abran juicio oral no destituirán a nadie. Con el rostro al descubierto se ha podido observar con claridad que mantienen una doble moral frente a la corrupción dependiendo de si les afecta a ellos o no y eso la sociedad lo juzgará en su momento.

Los jueces han citado a declarar como investigados por esta presunta trama para financiar ilegalmente a PSPV y Compromís a personas con responsabilidades públicas y llegarán más en el futuro, seguro, a tenor de lo que se va conociendo de las investigaciones. Puig mantiene con sueldo público a investigados como Agustín Navarro, exalcalde del PSPV en Benidorm y actual edil y diputado provincial. También sostiene a José Ramón Tiller, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia, Imelsa, y actual director de expansión internacional de otra empresa pública de la corporación provincial como es Egevasa.

Tampoco se inmutan con Etelvina Andreu, también investigada por el juez, y que fue candidata a la Alcaldía de Alicante por el PSPV y que ahora sigue como militante en esta agrupación. Y menos aún se atreve a actuar Mónica Oltra con el secretario autonómico de Empleo de la Generalitat, Enric Nomdedéu, que ha sido citado por el juez como investigado por la comisión de un presunto delito electoral cuando estaba en el Ayuntamiento de Castellón.

A la vista queda que no podemos esperar ninguna asunción de responsabilidades por parte de quienes se presentaban como defensores de la ejemplaridad de la política. Han fallado a sus votantes y a quienes, de buena fe, pensaron que venían a impulsar un cambio. Es más, han empeorado la situación protegiendo a personas investigadas por la presunta comisión de delitos y han fracasado en la gestión diaria de los asuntos de los valencianos.

El PP no reclama responsabilidades judiciales, que llevan su camino independiente y sus tiempos, pero sí políticas. Y el eco de esta petición es que Puig y Oltra han dejado claro que no van a mover un dedo contra los suyos por mucho que su situación judicial así lo aconseje.

Han perdido su credibilidad porque no hay corrupción de derechas o de izquierdas, simplemente actuaciones personales lícitas o ilícitas. La doble moral en este tema no es admisible y lo mismo que reclamaban para otros deben aplicárselo a sí mismos. Esperamos destituciones ya pero temo que es en balde.