Infraestructuras y empleo

En este mes de Noviembre se han producido dos importantes novedades en el orden político nacional e internacional. Por un lado, desde la pasada semana, España ya ha dejado de tener su Gobierno en funciones y, por otra parte, desde el martes, los Estados Unidos han elegido presidente a Donald Trump tras el doble mandato de Barack Obama.

Una de los temas que llamó la atención en el discurso de Trump como presidente electo fue su compromiso para dar un gran impulso a las infraestructuras. Ya había insistido en ello durante la campaña electoral vinculando la modernización del país con la creación de puestos de trabajo, algo que, por otra parte, ya se está promoviendo en la Unión Europea con el denominado ‘Plan Juncker’ para movilizar la inversión pública y privada en la construcción de nuevas infraestructuras.

El empleo es para España la gran prioridad y la gran necesidad, de ahí que también sobre nuestras infraestructuras tenga que girar una parte sustancial del importantísimo objetivo planteado por Mariano Rajoy para alcanzar los veinte millones de trabajadores en el año 2020. Los nuevos titulares de los ministerios inversores necesitarán de recursos para desbloquear la paralización de la construcción de infraestructuras del transporte que contribuyan a ese gran logro sobre el que cuelgan, entre otras cuestiones cruciales para nuestra sociedad, las pensiones y la prestación de servicios públicos esenciales.

Algunas de nuestras Comunidades Autónomas ya disponen de excelentes autovías, corredores ferroviarios, puertos y aeropuertos pero en otras, como es el caso de Asturias, aún no ha llegado el siglo XXI si bien ya están en marcha obras extraordinarias como las de los túneles de Pajares por los que deberá transcurrir la Alta Velocidad Ferroviaria en los que los españoles ya han invertido 3.000 millones de euros que urge rentabilizar socialmente. Y no solo por una cuestión de puesta en servicio cuanto antes, que también, sino por hacer efectivos los mandatos constitucionales de igualdad y equilibrio entre los diferentes territorios de España.

Los ministerios inversores, caso de Fomento, tienen ante sí una tarea muy compleja derivada de las propias dificultades en la elaboración, licitación y ejecución de proyectos y, sobre todo, en la gestión para la financiación de unas obras que exigen planificación presupuestaria. En su tarea van a contar con la solvencia técnica y la magnífica experiencia de nuestras empresas constructoras que, de hecho, están llevando a término grandes y emblemáticos proyectos en todo el mundo y para las que todo anuncio de impulsar inversiones constituye una buena noticia que, en el caso de nuestro país, se tiene que traducir en trabajo.

España ya tiene gobierno y ahora necesita presupuestos para dar continuidad al crecimiento económico y ajustar nuestra economía a las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Ojalá que no se repita el bloqueo político que hemos sufrido los españoles a lo largo de 2016. Ahora sería irresponsable una oposición que obstaculice la tramitación de leyes imprescindibles. Porque entonces ni infraestructuras, ni empleo, ni nada.