El 'caso Valka' sigue avanzando en Las Palmas de Gran Canaria después de que el Juzgado de Instrucción número 2 decidiera extender las diligencias a la concejala Inmaculada Medina, del PSOE, y al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines. La decisión llega tras la petición del fiscal Anticorrupción Javier Ródenas y obliga a ambos a comparecer en calidad de investigados por presunta malversación agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la administración, con un perjuicio económico que superaría los 250.000 euros.

La resolución judicial incorpora además a la empresa Guerra Patrimonial FGG S.L. como persona jurídica investigada por posibles delitos de cohecho y malversación. Varios trabajadores municipales deberán acudir como testigos para aclarar el funcionamiento interno del área durante los siete años que abarca la investigación. Según detalla el auto, la supuesta trama habría operado en Parques y Jardines desde 2015 con el objetivo de desviar fondos públicos mediante facturas irregulares y sobrecostes superiores al setenta por ciento del consumo real de agua, sin controles técnicos ni verificaciones materiales.

El Ministerio Fiscal apunta a la manipulación de los pliegos de prescripciones técnicas como eje del presunto fraude. En su escrito señala que la alteración de esos documentos “permitió crear un marco contractual artificialque encubría la desviación sistemática de dinero público hacia la empresa contratista con la connivencia” de responsables políticos y técnicos. A raíz de esos indicios se ha solicitado la declaración como testigos del director general de Servicios Públicos, del jefe de servicio de Mantenimiento Urbano y de la concejala Gemma Martínez Soliño, actuales responsables en el área.

El juez también pide que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria valore ejercer acciones penales y civiles como perjudicado directo y que la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias evalúe la posible prohibición de contratar con Guerra Patrimonial FGG S L en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público. El auto insiste en que las decisiones adoptadas durante los años investigados tuvieron un impacto directo en las arcas municipales.

Los hechos atribuidos al responsable técnico de Parques y Jardines ocupan un lugar central en la resolución. El magistrado explica que habría intervenido en la redacción del pliego técnico introduciendo una variación sustancial que elevaba de manera artificial el volumen estimado de agua necesario para el servicio. Esa modificación generaba un escenario contractual ficticio que permitía facturaciones infladas y dejaba sin efecto los mecanismos de control que impone la legislación vigente. La investigación sostiene que el funcionario habría validado certificaciones mensuales sin comprobar lecturas de contadores ni la ejecución real del servicio, lo que daba cobertura a documentos con consumos inventados y pagos indebidos.

La actuación de la concejala Inmaculada Medina también se encuentra detallada en la resolución judicial, asgurnado que durante el periodo investigado “habría aprobado y firmado todas” las resoluciones y decretos de gasto que ampararon el circuito contable objeto de la investigación. Según el juez, la edil autorizó el pago de facturas “sin exigir la comprobación técnica de los consumos ni justificación material” del servicio, lo que permitía mantener un sistema de abonos irregulares que beneficiaba directamente a la empresa adjudicataria.

El magistrado destaca que la continuidad de estas prácticas durante más de siete años, pese a las “evidencias objetivas de la inexistencia” de un control técnico real, apunta a un conocimiento claro del funcionamiento del sistema y a una voluntad concertada con el contratista y los responsables técnicos para sostenerlo. El auto sostiene que esta repetición consolidó un mecanismo de pagos fuera de la legalidad que afectaba de manera directa al presupuesto municipal.

La empresa Guerra Patrimonial FGG S.L también queda retratada en el auto como beneficiaria de las presuntas irregularidades. El documento explica que la mercantil habría presentado “facturas mendaces” en las que se consignaban volúmenes de agua falsos o inflados sin respaldo de lecturas reales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias señala que la suma de estas actuaciones constituye indicios sólidos de malversación agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración y, en el caso de la empresa, cohecho.

Desde diciembre de 2022, cuando los nuevos responsables municipales comenzaron a exigir lecturas reales para validar las facturas, la facturación de la empresa “descendió de forma notable hasta niveles coherentes con los consumos reales”. Este cambio, según recoge el auto, confirma el carácter ficticio de los importes anteriores y refuerza la relación entre las actuaciones investigadas y el daño causado al erario público.

El tribunal concluye que existen elementos “suficientes, consistentes y objetivamente verificables” para aceptar todas las peticiones del Ministerio Fiscal. La causa avanza con la citación de los nuevos investigados y la revisión detallada de un periodo de siete años en el que, según la tesis judicial, se habría consolidado un circuito irregular de pagos en el área de Parques y Jardines.