Okupación

Desalojada una vivienda okupada en Gran Canaria cuyo inquilino estaba en situación irregular y con orden de expulsión

La operación policial permite recuperar un inmueble conflictivo en El Patronato y culmina con el ingreso en prisión del extranjero detenido

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid durante la detención
Agentes de la Policía Nacional de Valladolid durante la detenciónPolicía NacionalPolicía Nacional

La Policía Nacional ha desalojado una vivienda okupada en la urbanización El Patronato, en San Fernando de Maspalomas (Gran Canaria), tras detener a su inquilino, un hombre extranjero en situación irregular en España sobre el que pesaba una orden de expulsión. El arrestado, con antecedentes delictivos y dedicado al tráfico de drogas, fue puesto a disposición judicial y acabó ingresando en prisión de manera inmediata.

La actuación se enmarca en un operativo autorizado por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana y responde a la reiterada alarma social que venía generando este inmueble. Los vecinos habían denunciado durante meses el aumento de la inseguridad, la suciedad en la zona y la vinculación de la vivienda con actividades ilícitas.

Durante el registro, los agentes hallaron más de 100 gramos de heroína, 23 gramos de cocaína, 4.100 euros en efectivo y material para la distribución de droga. El hallazgo confirmó que el domicilio okupado se utilizaba como punto de venta de estupefacientes, lo que reforzó la necesidad de proceder al desalojo definitivo.

La vivienda ya había sido intervenida en agosto, cuando se detuvo a otro de los moradores por delitos relacionados con el narcotráfico. En esta segunda operación, ejecutada el 25 de septiembre, la policía puso fin a la ocupación irregular y cerró un foco que los vecinos consideraban un problema crónico de convivencia.

Fuentes policiales destacan que los ocupantes residían en condiciones insalubres y sin los requisitos mínimos de habitabilidad. La expulsión del territorio nacional del detenido queda ahora en manos de la autoridad judicial, aunque su ingreso en prisión marca un punto de inflexión en la respuesta a las denuncias vecinales.