Un fondo buitre ejecuta el desahucio de una familia canaria con seis menores este jueves

En la acera, seis mochilas de colegio; en la mesa del juzgado, una orden de desahucio. Entre ambas escenas se mueve desde este martes la familia de Moisés Macías, vecino de Ingenio (Gran Canaria), que pide un respiro para no dormir a la intemperie con sus hijos de 3 a 13 años. La plataforma Derecho a Techo ha solicitado a las administraciones que detengan el lanzamiento previsto este jueves y ofrezcan una alternativa habitacional inmediata.

"Solo pido ayuda"

Frente al Gobierno de Canarias, Macías -empleado de una cadena de supermercados- lo dijo sin rodeos: "Solo pido ayuda para encontrar una casa que pueda pagar". En su hogar entran 1.200 € de nómina y 600 € de una pensión por incapacidad. En total, 1.800 € al mes que no alcanzan en un mercado de alquiler donde ocho miembros "no caben" ni en precio ni en disponibilidad. "Estoy destrozado", añadió, tras relatar que Asuntos Sociales le advirtió de que, de perder el techo, sus hijos podrían ser derivados a centros.

2006-2025: una hipoteca de 14 años y un giro de guion

La historia empezó en 2006, con la compra de la vivienda y 14 años de cuotas pagadas. El guion se rompió cuando su esposa perdió el trabajo poco antes de la pandemia y el confinamiento cerró las puertas a una recolocación. Con una pensión y un subsidio como únicos ingresos, la familia dejó de pagar. "Tuvimos que elegir y mis hijos son lo primero", resume Macías.

La deuda del hogar fue adquirida por el fondo Promontoria Yellowstone, que -según la familia- reclama el 86 % del precio original de la casa sin descontar los 14 años de cuotas abonadas. "No me niego a pagar, pero necesito una oportunidad", insiste. La pregunta que le quita el sueño es otra, más pedestre: "Si me echan el jueves, ¿a dónde voy?".

El recurso en el juzgado

Isabel Saavedra, abogada de Derecho a Techo, confirma que han pedido al juzgado la paralización del lanzamiento promovido por el fondo. "Estamos pendientes de respuesta entre hoy y mañana", explica, y admite que no hay alternativa habitacional cerrada. La búsqueda comenzó en junio, cuando llegó la notificación del desahucio, y ningún alquiler se adapta a ocho personas y a 1.800 € mensuales.

Para la plataforma, el caso de Moisés es síntoma de una emergencia habitacional que desborda a Canarias: “Hay gente viviendo en coches, caravanas y chabolas”, denuncia Saavedra, que reclama al Ejecutivo regional y al Instituto de la Vivienda una solución inmediata. “Son las instituciones quienes deben facilitar ese derecho”, asevera.