Liberadas en Tenerife ocho jóvenes retenidas en pisos de vivienda vacacional para explotación sexual

La Policía Nacional ha liberado a ocho jóvenes, con edades de entre 18 y 25 años, que eran explotadas sexualmente en viviendas de alquiler vacacional ubicadas en la zona sur de Tenerife y utilizadas como pisos prostíbulos y, además, ha detenido a nueve personas relacionadas con una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos.

Se ha identificado a 36 mujeres explotadas, siendo ocho las liberadas, según ha informado este miércoles la Policía Nacional, en un comunicado en el que detalla que eran captadas en su país de origen, Colombia, para viajar a España mediante falsas promesas de obtener mucho dinero ejerciendo la prostitución.

Adquirían una deuda de 3.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución 24 horas al día los siete días de la semana, sin descanso y obligadas incluso estando enfermas de infecciones venéreas. Hay nueve personas detenidas -los cinco principales responsables han ingresado en prisión provisional-, y se han realizado cinco entradas y registros de inmuebles, decretándose la clausura de dos de ellos.

La investigación dio comienzo en 2024 a raíz de la declaración de una víctima que alertaba de la existencia de una organización criminal que se dedicaba a traficar con mujeres de Colombia a España para posteriormente explotarlas sexualmente en pisos prostíbulo ubicados en la zona sur de la isla de Tenerife. Según la Policía Nacional, la organización criminal desmantelada, dirigida por un clan familiar compuesto por cinco ciudadanos de origen venezolano, se dedicaba a la captación y tráfico ilegal de mujeres colombianas "muy jóvenes".

Las mujeres, en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, eran captadas en Colombia por parte de una colaboradora del clan familiar que se encargaba de convencer a las víctimas para viajar a España mediante falsas promesas de ganar mucho dinero ejerciendo la prostitución en unas condiciones que diferían mucho de la realidad.

Una vez que las víctimas aceptaban la oferta, el grupo criminal compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta Tenerife, con escala en Madrid, y además, les gestionaba un seguro de viaje y una reserva de hotel ficticia. Antes de viajar a España, eran aleccionadas sobre cómo simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y recibían una cantidad de dinero en efectivo para justificar los medios económicos suficientes para el cruce de la frontera.

Los integrantes del clan familiar recibían a las víctimas en el aeropuerto Tenerife Norte, les retiraban el dinero en efectivo que les habían enviado y las trasladaban en vehículo directamente hasta alguno de los pisos prostíbulo donde comenzarían a ejercer la prostitución hasta saldar las deudas contraídas. Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con dos supuestas horas de descanso diarias que no se cumplían, puesto que, si aparecía un cliente, eran obligadas a regresar al piso.

El entramado les obligaba a fotografiarse semanalmente para publicar anuncios en internet, y si acudía un cliente al piso prostíbulo debían presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente, independientemente de su higiene y su estado de embriaguez.

Las mujeres pernoctaban en habitaciones compartidas, en las que realizaban los servicios sexuales, y eran obligadas a realizarlos estando enfermas, incluso teniendo infecciones venéreas, y si la enfermedad se lo impedía, eran expulsadas del piso aunque no dispusieran de dinero ni de ningún sitio al que acudir.

El grupo criminal ejercía un férreo control sobre las victimas a través de cámaras de video vigilancia instaladas en los pisos, y recaudaba íntegramente los beneficios generados por cada una de ellas, quedándose con el 100% hasta saldar la deuda inicial contraída. No obstante, en algunos casos las victimas llegaron a abonar cantidades cercanas a 9.000 euros, lo que suponía tres veces la deuda pactada.

Algunas de las víctimas consiguieron huir, no obstante, la organización criminal les amenazaba a través de mensajería instantánea en sus teléfonos particulares con atentar contra su integridad o la de sus familiares en sus países de origen. El clan familiar investigado también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas y medicamentos para aumentar la potencia sexual. Con el objetivo de estar más activas y trabajar más, complacer al cliente y obtener mayores beneficios, la organización criminal obligaba a las mujeres a consumir sustancias estupefacientes con los clientes si éstos lo solicitaban.

Las investigaciones realizadas por los agentes constataron que el entramado también se dedicaba al blanqueo de capitales y al fraude a las administraciones públicas, además de incrementar su patrimonio en España y en Venezuela mediante compras de bienes muebles e inmuebles. Además, se han bloqueado 19 cuentas bancarias utilizadas por la organización criminal para recaudar los beneficios.