Lucha contra el fraude laboral y la economía sumergida: Canarias prevé aflorar 5.000 empleos irregulares con un plan especial

Canarias estima que aflorarán 500 empleos irregulares adicionales gracias a un plan especial de inspección de trabajo que comenzó este lunes, con lo que se alcanzarían 5.000 empleos regularizados para fin de año.

Así lo indicaron José Ramón Rodríguez, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, y Francisco Guindín, director territorial de la Inspección de Trabajo, al presentar los detalles del Plan Especial de Refuerzo de la Actuación Inspectora. Según el Gobierno canario, Canarias es la única comunidad autónoma que mantiene estos refuerzos en inspección para combatir su economía sumergida estructural.

Esta operación se llevará a cabo en las islas "por sorpresa" hasta el 24 de noviembre, con la participación de 24 funcionarios desplazados desde otras regiones, incluyendo Valencia y Castellón, pese a la reciente DANA que ha afectado a esa comunidad, lo cual ha sido especialmente resaltado y agradecido.

Rodríguez detalló que este plan especial implicará la realización de mil inspecciones, con expectativas de obtener resultados similares a los del año pasado, cuando se logró regularizar un 10% del total de empleos inspeccionados.

Entre enero y octubre de este año, la Inspección de Trabajo ha logrado sacar a la luz 4.584 empleos irregulares en Canarias, cifra que se espera alcanzar los 5.000 con este refuerzo, el cual se prevé repetir el próximo año, según adelantó Rodríguez.

Francisco Guindín, director territorial de la Inspección de Trabajo, informó que estas inspecciones adicionales contra la economía sumergida, que complementan las realizadas regularmente en las islas, serán ejecutadas por inspectores y subinspectores. Este será el segundo plan de este tipo en la actual legislatura y el sexto en esta comunidad autónoma.

Para ello, se visitarán centros de trabajo seleccionados previamente por los jefes de inspección, donde se sospecha la existencia de economía sumergida, con el objetivo de regularizar empleos no declarados. Las sanciones pueden variar entre 3.750 euros por una falta de alta hasta 12.000 euros en casos como el de un trabajador que esté cobrando la prestación por desempleo o un extranjero sin permiso de trabajo, explicó Guindín.

Aunque aseguró que "la economía sumergida afecta a todos los sectores" en las islas, las inspecciones se enfocarán especialmente en hostelería, restauración, servicios y comercio, por ser los sectores más representados.

Estos planes de refuerzo tienen como objetivo detectar a trabajadores no dados de alta, aquellos registrados por menos horas de las que realmente trabajan (infracotización), contratos parciales fraudulentos, beneficiarios de prestaciones por desempleo que están trabajando, y extranjeros sin permiso de trabajo.

Cuando se inicia el proceso sancionador, "no hay segunda oportunidad": el empresario debe regularizar al trabajador que mantenía en la economía sumergida. Sin embargo, en algunos casos (alrededor del 5%), el empleador da de baja al trabajador al día siguiente, situación a la que la Inspección también está atenta.