Menas denuncian vivir en un ambiente de castigo y desprotección

La desprotección infantil en los centros de menores migrantes en Canarias ha vuelto a ser el centro de atención tras las recientes denuncias de jóvenes que residen en un dispositivo de emergencia en Tenerife narró a la redacción de Canarias Ahora. Alioune, un joven que ha preferido mantener su nombre real en el anonimato, junto con otros cinco jóvenes, han revelado detalles inquietantes sobre su experiencia en este centro. "En lugar de un centro de menores, parece un centro de castigo", afirma Alioune.

Menas viven en un ambiente de tensión y miedo constante

Los menores, que llevan cinco meses en este recurso habilitado en un hotel del norte de Tenerife, describen una convivencia diaria marcada por la tensión y el miedo. "Llevamos cinco meses allí, pero los demás dicen que esto pasaba desde antes", comenta Alioune. Los jóvenes afirman que solo se sienten a gusto cuando pueden salir a pasear o asistir a clases de español organizadas por voluntarios.

El testimonio de estos menores expone un ambiente de provocaciones constantes por parte de algunos educadores, a quienes describen más como "seguritas" que como profesionales de la educación y el cuidado. "No hacen nada", lamentan. Intentar denunciar estos supuestos malos tratos dentro del propio centro ha resultado inútil, ya que no se sienten protegidos ni escuchados, ni siquiera por el equipo directivo.

Malos tratos y aislamiento

Los jóvenes narran situaciones alarmantes, como la de un compañero interrumpido durante el rezo, quien fue aislado en "la sala de la quinta planta" tras un enfrentamiento con un educador. Este espacio, según describen, se utiliza para encerrar a los menores como castigo, donde pueden pasar días sin contacto con el exterior y con la comida llevada a sus celdas improvisadas.

Además denuncian recibir golpes en lugares del cuerpo donde las marcas no sean visibles y que algunas fotos tomadas como prueba de estas agresiones han sido borradas por orden de la organización. Estas acusaciones señalan una clara violación de los derechos humanos y una falta de supervisión adecuada por parte de las autoridades responsables.

La denuncia en Lanzarote: un precedente alarmante

Estas nuevas denuncias en Tenerife surgen apenas una semana después de que dos abogadas llevaran a la Fiscalía una denuncia por desprotección infantil en la Casa del Mar, un centro de menores migrantes en Lanzarote. El informe presentado destaca el mal estado de las instalaciones, la suciedad, y episodios de violencia física y verbal sufridos por los menores.

En este centro, los menores han sido sometidos a condiciones deplorables, incluyendo la falta de cocina adecuada, la presencia de plagas y una comida de mala calidad proporcionada por un catering. Las fotografías incluidas en la denuncia muestran baños sucios, ventanas rotas y cables expuestos, sin las mínimas condiciones de habitabilidad y seguridad.

Un problema sistémico

Estos casos no son aislados. Canarias cuenta con 80 dispositivos abiertos para acoger a 5,600 menores no acompañados, y las denuncias de malos tratos y desprotección han sido recurrentes. En abril, la Guardia Civil investigó a cinco educadores en Lanzarote por amenazas y coacciones a menores, obligándolos a cometer actos vandálicos y desobedecer normas para desestabilizar la organización del centro.

El Gobierno autonómico ha anunciado recientemente la intención de instalar campamentos en los muelles para atender a los jóvenes migrantes, en medio de un debate sobre el reparto de menores entre las comunidades autónomas. Sin embargo, estas medidas provisionales no abordan las profundas fallas en la gestión y protección de estos menores vulnerables.

Las recientes denuncias de violencia y desprotección en los centros de menores de Canarias subrayan la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas actuales. Estos jóvenes, que ya han enfrentado peligros inmensos para llegar a Europa, merecen un trato digno y una oportunidad real de integración y desarrollo. Es imperativo que las autoridades tomen medidas decisivas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los menores bajo su cuidado.