Cantabria rechaza la propuesta de distribución de menores migrantes y de recursos fijada por el Estado

Cantabria ha rechazado la propuesta estatal de distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, así como de los recursos económicos fijados para su atención.

Así lo ha señalado la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, que ha participado este martes en la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia preparatoria de la próxima Conferencia Sectorial. Arce ha apuntado a "falta de planificación y claridad" del Estado y, como muestra de ello, ha señalado que en el Gobierno regional "no sabemos cómo han calculado la cifra de 156 menores que proponen derivar a Cantabria".

No se han facilitado los datos en base al cálculo

Por ello, durante la reunión, Cantabria, al igual que otras comunidades autónomas, se ha manifestado en contra de elevar a la Conferencia Sectorial la aprobación de la capacidad ordinaria de los sistemas de protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados. "No se nos han facilitado los datos en base a los cuales se calcula esa capacidad ordinaria", ha reiterado al respecto la directora del ICASS.

También se ha referido a la "insuficiente" financiación fijada para Cantabria, puesto que atender a los 156 menores propuestos conllevaría, según el Ejecutivo regional, un coste de 7 millones anuales, cifra "alejada" de la partida de 2 millones de euros de pago único propuesta por el Gobierno nacional para la comunidad. En este sentido, ha criticado la propuesta de reparto de menores migrantes no acompañados establecida por el Ministerio de Juventud e Infancia porque "ahonda una vez más en las desigualdades". "Los derechos de los españoles no son los mismos en función de la comunidad autónoma en la que residen", ha precisado, al tiempo que ha advertido que "están poniendo en riesgo nuestro sistema de protección y todo nuestro sistema de servicios sociales".

Al hilo, ha asegurado que el sistema cántabro "es un ejemplo para todas las comunidades autónomas" en cuanto a desinstitucionalización, al no contar con ningún menor de ocho años en recursos residenciales.