'Operación Tenk': detienen a 18 personas por fraude de combustible en gasolineras 'low cost' con presencia en Albacete

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción y distribución de carburante adulterado en estaciones de servicio de bajo coste en varias provincias del Levante español. La operación, denominada "Tenk", se ha saldado con 18 personas detenidas y otras 14 investigadas, además de la vinculación de 40 empresas al entramado delictivo, entre ellas varias asentadas en Albacete.

La investigación se inició en 2023, tras las denuncias de vecinos de La Hoya del Campo, en el municipio murciano de Abarán, quienes alertaron del constante trasiego de camiones cisterna en la zona. Esta información permitió a la Guardia Civil localizar un gasocentro clandestino, que fue objeto de entrada y registro.

Durante la intervención, los agentes incautaron más de 70.000 litros de gasóleo, así como maquinaria y depósitos empleados para el almacenamiento y manipulación del carburante. El producto intervenido resultó ser "designer fuel" o combustible de diseño, una mezcla de gasóleo con otros componentes destinada a alterar sus propiedades físicas y evitar así el pago de impuestos especiales.

Asimismo, se halló triacetina, una sustancia que no cumple los requisitos técnicos para ser utilizada en gasóleo de automoción, lo que incrementa los riesgos medioambientales y mecánicos derivados de su uso.

Las investigaciones revelaron que el carburante adulterado era distribuido a estaciones de servicio low cost en las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. Las pesquisas posteriores permitieron descubrir otros dos gasocentros ilegales ubicados en Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia).

Fraude fiscal a escala internacional

El carburante era importado desde Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, entre otros países, y se introducía en España bajo la falsa declaración aduanera de aceites y lubricantes, evitando así los controles y obligaciones fiscales asociadas al Impuesto Especial de Hidrocarburos, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

Este tipo de fraude no solo representa un grave perjuicio económico para las arcas públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, sino que también afecta al sector empresarial, al generar una competencia desleal.

Además, la manipulación y combustión de estos carburantes ilegales puede suponer riesgos medioambientales, daños a la salud pública y averías en los motores de los vehículos que lo consumen. El almacenamiento irregular del combustible también representa un riesgo significativo de vertidos contaminantes.

Una red compleja y estructurada

La operación, desarrollada durante dos años, ha permitido identificar a los diferentes integrantes del grupo delictivo, así como a las empresas pantalla utilizadas para sus actividades ilícitas. En muchos casos, los supuestos empresarios actuaban como testaferros, personas en situación económica precaria que prestaban su identidad a cambio de dinero para la constitución de sociedades y apertura de cuentas bancarias.

Entre los implicados figuran ciudadanos de nacionalidad ucraniana, letona, francesa y española. En total, se han relacionado 40 empresas con la trama, radicadas en Albacete,Murcia, Almería, Alicante, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona.

Durante la operación, se han inspeccionado 11 estaciones de servicio y empresas relacionadas con el caso, con la participación de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil y del Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Delitos imputados

Hasta el momento, se han detenido a 18 personas y se investiga a otras 14 como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, delitos contra la Seguridad Vial y pertenencia a organización criminal

Entre los casos más llamativos se encuentra la imputación de un conductor de camiones cisterna por 26 delitos contra la seguridad vial, al haber transportado mercancías peligrosas sin disponer del permiso de conducción en vigor.