La región previene la ludopatía y promueve el juego responsable

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno el decreto de planificación del juego, con el que se pretende “dar respuesta a la demanda de la sociedad, haciendo compatible los intereses legítimos de quienes desarrollan una actividad económica legal, con la protección de la población más vulnerable”, como los menores de edad o personas con problemas con adicción, y apoyar el juego “moderado, no compulsivo y responsable”.

Así lo ha destacado Ruiz Molina durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, en la que ha estado acompañado por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor.

Un decreto mediante el cual queda suspendida la concesión de nuevas autorizaciones de instalación de establecimientos de juego durante los próximos cuatro años. “Con esta medida tratamos de reducir progresivamente el número de establecimientos, hasta lograr que la densidad de locales de juego en la región, en relación al número de habitantes, esté en consonancia con la media nacional”, ha explicado el consejero.

Asimismo, ha detallado que, según los últimos datos publicados, a 31 de diciembre de 2022, con 191 locales en Castilla-La Mancha, la densidad de establecimientos de juego por cada 100.000 habitantes era en nuestra región de 9,30, mientras que en el conjunto nacional la densidad media era de 7,87 establecimientos por cada 100.000 habitantes.

Si bien, ha incidido en que las medidas adoptadas por el Gobierno regional están “dando sus frutos”, ya que, por ejemplo, desde el año 2018 hasta la actualidad, “hemos conseguido reducir en un 14,5 por ciento el número de establecimientos de juego en la región, pasando de 221 en 2018 a 189 en 2023”.

Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que el contenido de este decreto se suma a las medidas incluidas en la Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de Castilla-La Mancha, aprobada en 2021, con el objetivo de reducir esas externalidades negativas que el juego produce. Medidas entre las cuales ha recordado la limitación de distancias de los establecimientos de juego a los colegios (300 metros) y de los establecimientos de juego entre sí (150 metros); o la posibilidad de que los municipios puedan declarar parte de su término municipal como zona saturada de locales de juego.

También, el refuerzo de los mecanismos de acceso, de forma que cada una de las entradas de las que disponga el establecimiento cuente con un sistema automatizado destinado a impedir el paso de aquellas personas que lo tengan prohibido; o el incremento del importe de las sanciones que pueden imponerse, asegurando que éstas no puedan, en ningún caso, resultar más beneficiosas para quienes incumplan que la propia comisión de la infracción.

De igual modo, Ruiz Molina ha resaltado que, en relación con las máquinas de juego instaladas en los locales de hostelería, las conocidas como ‘máquinas tragaperras’, el decreto limita a 100 el número de nuevas autorizaciones de explotación para cada año. En este sentido, ha subrayado que, como consecuencia las medidas de intervención que se están aplicando, la cifra se ha reducido en un 13,8 por ciento, al pasar de 8.569 máquinas en 2018 a 7.389 en 2023, cerca de 1.200 menos.

“Queremos, en definitiva, contribuir a la reducción de los problemas de salud pública y, por tanto, nuestra prioridad es la protección de la ciudadanía, algo que entiende perfectamente el sector”, ha asegurado el consejero, quien ha añadido que estas medidas se complementan con el plan de prevención de las adicciones en Castilla-La Mancha.

De esta forma, ha concluido, “mientras una parte del Gobierno trabaja en los aspectos de intervención y control, como es el caso de la Consejería de Hacienda, la Consejería de Sanidad trabaja en las acciones preventivas”, tal y como establece la Ley del Juego en Castilla-La Mancha, que encomienda, especialmente, a la Administración regional, la sensibilización y concienciación sobre las consecuencias de una práctica inadecuada del juego, fundamentalmente las relacionadas con los riesgos de ludopatía.