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Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid tiene que liquidar a la Diputación la urbanización de Villa del Prado

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 vallisoletano estima parcialmente el recurso de la institución provincial

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar
El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado ÍscarRubén CachoIcal

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid ha estimado parcialmente el recurso de la Diputación Provincial contra la liquidación hecha por el Ayuntamiento de la ciudad sobre la urbanización de Villa del Prado, de forma que tendrá que calcularse en base al precio de venta del suelo. Contra esta sentencia se podrá presentar un recurso de apelación en el plazo de 15 días, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Asimismo, el juzgado estima parcialmente el recurso contencioso administrativo de la Diputación contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid del 2 de noviembre de 20107, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra su acuerdo de 12 de julio de 2017, que aprobaba la cuenta de liquidación definitiva del Proyecto de Actuación del Sector 18 -Villa del Prado- del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valladolid (PGOU), que anula por no ser conforme a derecho.

También condena a la administración municipal a reelaborar su liquidación, considerando como aportación a cuenta por la Diputación de Valladolid la cantidad de 46.649.490,95 euros -cantidad obtenida por la venta de las parcelas-, a la que se deberá añadir 650.282,96 euros como rendimientos financieros, y detraer como gastos no liquidables (no imputables a la misma) 119.844,85 euros por el concepto de resoluciones judiciales.

Por tanto, el fallo establece que el Ayuntamiento deberá efectuar una nueva liquidación que tenga en cuenta el precio de venta de las parcelas y no la valoración inicial. La diferencia oscila entre los 33.980.919,38 euros calculados como aportación de la institución provincial y los 46.649.490,95 euros obtenidos con la venta de los terrenos.

La Diputación reclamó más de 5,79 millones de euros por esa diferencia al Ayuntamiento o que se hiciera una nueva liquidación de acuerdo al sistema de cooperación pactado por las dos instituciones para acometer la urbanización por parte de la sociedad ADA-VIVA de 1.530.437 metros cuadrados. Los costes de la actuación se estimaron en 36.680.334,93 euros en 2001.

La sentencia sostiene que como el convenio inicial no preveía la obtención de plusvalías se debe aplicar el principio de “equidistribución” y no pueden ser apropiadas por el Consistorio.

El presidente de la institución provincial vallisoletena, Conrado Íscar, señaló, tras conocer el fallo, que los "técnicos de la casa" estaban estudiando el contenido de la resolución. "Aún no puedo pronunciarme", añadió, si bien remracó que la justicia da la razón a la Diputación.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, aseguró, en declaraciones de la Agencia Ical, que en el Ayuntamiento de Valladolid existe “disgusto” por el fallo. “Es un asunto que viene de lejos y que es absolutamente favorable a Diputación por lo que desde el Ayuntamiento manifestamos nuestro disgusto”, subrayó.

“Como concejal de Planeamiento Urbanístico entiendo que se haga una recomendación categórica desde los Servicios Jurídicos que diga que no se debe recurrir, pero, considerando el alcance de la sentencia y su afección a los intereses públicos municipales, entiendo que sí debería recurrirse”, afirmó Saravia.