La Junta tendrá en cuenta el impacto de la despoblación en el ordenamiento jurídico

El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco introducirá en su ordenamiento jurídico autonómico el impacto que tiene la despoblación en las normas regionales. Ésta es una de las principales medidas que aprobó con el objetivo de simplificar y mejorar la regulación. Con lo que se convierte en la primera Administración autonómica de España en impulsar estas iniciativas.

Así lo destacó el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, quien señaló que la propuesta también busca promover una cultura de diálogo y participación en la elaboración de las normas y sistematizar los procesos normativos con el objetivo de que aumenten su calidad y sin que exista una dilación excesiva en los plazos de su aprobación.

El acuerdo recoge una veintena de medidas concretas, que van a permitir a la Junta de Castilla y León «seguir siendo una administración de referencia en la materia», destacó Igea.

Programas de Formación

Por otra parte, el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior informó de las conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios sobre los programas de formación a desempleados. El documento señala que «los sindicatos no deben participar en las bases de unas ayudas de las que se pueden beneficiar», algo que según reconoció Igea «no es razonable».

En este sentido, el vicepresidente afirmó que «no estamos aquí para señalar ni buscar culpables», sino para «colaborar con la justicia», y aseguró que «no hay funcionarios que estuvieran obrando mal, porque estaban aplicando las normas, lo que estaba mal son las normas».

Por otra parte, el Consejo de Gobierno dio luz verde la a contratación de obras para asegurar las condiciones adecuadas de vialidad y seguridad en 4.615 kilómetros de carreteras de las provincias de Ávila, León, Palencia y Valladolid, atendiendo a las características de cada tramo. El importe de la licitación asciende a 53,7 millones y se consignará con cargo a los presupuestos de 2020 hasta 2024.

También se concedió 1,1 millones y declaró de Especial Interés a dos Planes Estratégicos con proyectos de Investigación y Desarrollo.

Nuevos colegios para Burgos y Salamanca

La capital burgalesa y la provincia de Salamanca contarán con nuevos colegios. El primero lo aprobó el Consejo de Gobierno. Prevé destinar más de 7,1 millones en la construcción de este centro en el barrio de Villímar. También se pretende que atienda la demanda de escolarización de los barrios de San Cristóbal, Carretera de Poza y la Zona Nueva Estación. Por otra parte, La Consejería de Educación construirá un edificio de nueva planta que albergue el colegio de Aldeatejada (Salamanca).