La estructura de la Fundación Siglo se ajusta a la normativa, según el Consejo de Cuentas

El informe aprobado revela también que su gestión económica es «correcta» con carácter general, aunque se incumplen algunas obligaciones en materia de contratación.

Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas, momentos antes de comparecer en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes
Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas, momentos antes de comparecer en la Comisión de Economía y Hacienda de las CortesRubén Cacho (nombre del dueño)Ical

En pleno debate político y social sobre la utilidad de algunas de las Fundaciones públicas de Castilla y León, con hasta 16 que están siendo auditadas en las Cortes, el Consejo de Cuentas ha aprobado un informe un informe de fiscalización sobre la Fundación Siglo relativo a los ejercicios 2016 y 2017.

En dicho documento se apunta que la estructura de esta entidad adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo «se ajusta a la normativa» y que, además, su gestión económica es «correcta» con carácter general, aunque se incumplen algunas obligaciones en materia de contratación.

El informe emitido por la institución que preside Mario Amilivia se destaca que el grueso de financiación de la actividad de la Fundación procede de los presupuestos de la Comunidad y se apunta que la entidad está sometida a un control de eficacia de Cultura y Turismo y también al control interno de la Intervención General de la Comunidad, aunque su auditoría no ha llegado a ser incluida en el plan anual en los últimos diez años. Si bien, en materia de contratación, el Consejo de Cuentas denuncia que la Fundación Siglo «incumple» su obligación de comunicar al registro del Ministerio de Hacienda y Función Pública los datos básicos de los contratos adjudicados, aunque sí cumplió mayoritariamente con las obligaciones de envío de la información contractual al Consejo de Cuentas.

El informe recomienda a esta Fundación que haga modificaciones legislativas para clarificar la delimitación institucional del sector público autonómico. Asimismo, para garantizar los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, debería considerar cada una de las ferias, exposiciones, eventos y actuaciones que promueve como una unidad funcional diferenciada, para contratar de forma conjunta y por procedimiento abierto todos los servicios necesarios. Igualmente, podría contratar de forma diferenciada y mediante procedimiento abierto, cada uno de los servicios que deben ser prestados para la celebración de todas las ferias, exposiciones, eventos y otras actuaciones programadas al principio del ejercicio.