Valladolid
Explicar en los colegios qué acciones pueden suponer un delito y sus consecuencias
Abogados de Valladolid irán a centros educativos y asociaciones juveniles de toda la provincia para impartir charlas de asesoramiento legal que eviten comportamientos delictivos que los menores no consideran peligrosos
Que un joven se presente por otro a realizar un examen conlleva una pena que oscila entre los seis meses y los tres años de cárcel. Lo mismo que denunciar algo que es falso y lucrarse de ello. Negarse a someterse a un control de alcoholemia por parte de la Policía o Guardia Civil suponen de seis meses a un año de prisión, al igual que amenazar a los padres o hermanos. Mientras que mentir en un juicio o en una declaración ante un juez pueden suponer de seis meses a dos años de cárcel.
Estos son algunos ejemplos de comportamientos que pueden llegar a cometer muchos jóvenes hoy en día, y de hecho los cometen, pero que desconocen que su acción les puede suponer ingresar en una prisión. Casos que desde el Colegio de Abogados de Valladolid van a conocer en los propios centros educativos mediante charlas de asesoramiento legal o talleres así como en asociaciones juveniles de toda la provincia, en las que se adviertan de las consecuencias de estas acciones peligrosas, que no llegan al punto de un homicidio, una violación y un delito de lesiones, en los que los jóvenes sí son conscientes de que pueden acabar en la cárcel.
Una iniciativa que forma parte dentro del convenio que el Colegio de Abogados de Valladolid ha firmado con la Diputación Provincial el pasado mes de diciembre y que recoge también otro tipo de actuaciones, como la mediación vecinal y atención legal a los vecinos que vivan en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia vallisoletana para la resolución de conflictos. Una atención que, explican, es totalmente gratuita para los que la demanden.
Los encargados de llevar a cabo esta labor serán los profesionales que forman parte del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid (Cemicava), que funciona desde 2015 y que actualmente está formado por 46 letrados. Este organismo, especializado en mediación civil y mercantil, trabaja con proyectos en los juzgados de primera instancia de Valladolid, la Audiencia Provincial y el juzgado de Medina de Rioseco.
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