«Con todo» para recuperar los 142 millones que adeuda Sánchez

Cada día que pasa crece la indignación en Castilla y León por los 142 millones de euros que el Gobierno de España adeuda a esta Comunidad por el IVA de 2017, y que según se desprende de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no tiene visos de cobrar, ni pronto ni en efectivo, como exige la Junta.

Además, el Gobierno autonómico está indignado con la solución aportada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pasa por aumentar el techo de déficit para permitir a las comunidades que puedan endeudarse y tener más flexibilidad. «Es como si una empresa no le paga la nómina al trabajador y le dice que vaya a Cofidis a pedir un préstamo», decía ayer el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien confirmaba lo que un día antes había dejado entrever el presidente Fernández Mañueco durante el desayuno informativo de Europa Press en Madrid: que los servicios jurídicos de la Junta ya preparan el recurso para ir a los tribunales a reclamar esa deuda ante la sensación de que el Gobierno de España no pagará esos 142 millones de euros que debe.

Igea explicaba que aunque han sido «extremadamente» pacientes, aún van a agotar todas las posibilidades políticas y administrativas antes de dar este paso. Si bien, al menos daba un plazo máximo de espera: el 29 de este mes de febrero que es bisiesto. De esta forma, si antes de esa fecha no se resuelve el contencioso, la Junta acudirá a la Justicia «para reclamar lo que nos pertenece», por lo que Castilla y León se sumaría de esta forma a las Comunidades de Madrid, Galicia, Aragón o Castilla-La Mancha, gobernadas por el PP y PSOE, que ya han anunciado que darán este paso.

Durante estos dieciséis días que restan, el vicepresidente aseguraba que se va a llevar a cabo la reclamación formal que será aprobada en Consejo de Gobierno -probablemente el jueves de la semana que viene-, como paso previo a la demanda judicial, como último recurso para poder cobrar lo que se adeuda. Por otra parte, Igea no descarta endeudarse si no les queda otra opción para poder asegurar el Estado del Bienestar, aunque aseguraba que intentarán no hacerlo, «porque es pan para hoy, pero hambre para mañana».

Eutanasia

Preguntado por el impulso del Gobierno de España para aprobar pronto una Ley nacional sobre Eutanasia, cuando en Castilla y León se está trabajando en una Ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, el vicepresidente de la Junta apuntaba que esta normativa regional «es ahora más necesaria y urgente que nunca para que las personas no tengan que elegir entre suicidio y horror».

Igea no se mostraba partidario de la proposición de Ley para regular la Eutanasia presentada a nivel nacional, insistía en que en este asunto existe un enorme campo por explorar entre medias en los derechos y las garantías, y apuntaba que hay que asegurar que la persona tenga el control de las decisiones y exigir que se cumplen sus derechos.