Igea abre la puerta a que el Código Ético se endurezca

El vicepresidente no descarta que éste tenga rango de ley como pide el PSOE

Igea, antes de comparecer en las Cortes, junto a los procuradores de Cs, David Castaño y Juan Pablo izquierdo
Igea, antes de comparecer en las Cortes, junto a los procuradores de Cs, David Castaño y Juan Pablo izquierdoLeticia Pérez (nombre del dueño)Ical

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, dejó ayer la puerta abierta a que en un futuro se pueda elevar a rango de ley el Código Ético de los altos cargos, como le ha pedido el PSOE, lo que endurecería las sanciones a los miembros del Gobierno autonómico que tengan un comportamiento poco transparente e inadecuado a su responsabilidad.

Igea presentaba en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las Cortes la actualización del Código Ético y Austeridad, que figura entre los acuerdos de PP y Cs para la gobernabilidad de Castilla y León, donde negaba que los cambios que su partido y el PP proponen en este Código Ético suponga un maquillaje por carecer de poder sancionador como denuncian los socialistas, y defendía que nuestra Comunidad esta «muy por delante» de otras administraciones de la España autonómica en esta materia.

Si bien, el vicepresidente apuntaba que en la práctica incumplir el Código Ético conlleva una sanción porque lo ampara el Estatuto del Alto Cargo, recordaba también que pese a no estar todavía aprobado este Código Ético ya se aplica, como por ejemplo en la publicación de las agendas de los altos cargos, en la limitación del coche oficial o de mandatos a consejeros, secretarios y directores generales además de en las transferencias a medios.

El PP lo rechaza

Tras escuchar a Igea mostrarse abierto a modificar la ley en el futuro, la procuradora socialista Alicia Palomo aseguraba que recoge el guante «porque haría efectiva la disciplina que queremos para los altos cargos».

Sin embargo, la popular Amparo Vidal rechazaba su elevación a rango de ley «porque es un código de conducta, no punitivo, que sirve para que los políticos asuman un compromiso de comportamiento moral», mientras que el procurador de Cs, David Castaño, tampoco lo considera necesario actualmente al estar vinculada a la Ley del Estatuto del Alto Cargo.