Castilla y León

Castilla y León solicita al Gobierno más fondos para Sanidad y Servicios Sociales

La Junta insiste en la urgencia de que llegue material

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, participa en la videoconferencia
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, participa en la videoconferenciaJcylLa Razón

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reiteró al Gobierno de España, en la reunión que han mantenido por videoconferencia los titulares autonómicos de Hacienda con la ministra de esta área, María Jesús Montero, en la necesidad de que el Ejecutivo central destine “más fondos” para Sanidad y Servicios Sociales a las Comunidad Autónomas.

En este sentido, recordó que estas dos competencias están asumidas por las regiones, que son las que tienen que afrontar la mayor parte del gasto que está provocando la crisis sanitaria, de ahí que Castilla y León haya solicitado colaboración económica al Estado.

Además, Fernández Carriedo insistió a la Ministra de Hacienda en que es “urgente” que el Gobierno de España garantice el suministro de materia sanitario para hacer frente a la crisis del coronavirus, así como “recursos extraordinarios” para hacer frente al importante gasto que supone la pandemia.

Y es que la postura del consejero, desde la lealtad institucional, ha sido“reivindicativa”, con el objetivo de que el Ejecutivo central "asegure cuanto antes los canales de suministro de los distintos materiales para hacer frente a la crisis sanitaria.

El pasado martes, el consejero de Economía y Hacienda mantuvo un reunión por videoconferencia con la Ministra de Hacienda y el resto de consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas, en la que se informó al Ministerio del impacto presupuestario que la crisis del coronavirus está suponiendo en los servicios públicos transferidos a las Comunidades Autónomas.

Como consecuencia de ello, la Junta de Castilla y León ha vuelto a reclamar financiación específica para asegurar la gestión y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y cuantías económicas suficientes para afrontar la gestión de la crisis.