Ambicioso Plan de choque en Castilla y León para proteger el empleo, las empresas y los autónomos

Proteger el empleo, a las empresas y a los autónomos de Castilla y León durante la crisis sanitaria. Éste es el objetivo del acuerdo aprobado, en el marco del Diálogo Social, por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; con el de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad (Cecale), Santiago Aparicio; y los secretarios regionales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente; en presencia del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios.

Durante el encuentro virtual, se aprobó la puesta en marcha de un Plan de choque con medidas extraordinarias que movilizará casi 220,3 millones de euros para garantizar, en estos momentos de dificultad, la cohesión económica y social de la Comunidad.

Fernández Mañueco explicó que la prioridad es la atención sanitaria, la prestación de servicios sociales y el abastecimiento alimentario y de primera necesidad, pero también el mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial.

El documento se estructura en seis grandes bloques e incluye un variado abanico de instrumentos dirigido a mitigar los efectos negativos del COVID-19 sobre la actividad productiva y el empleo en Castilla y León.

Así, en el texto se articulan apoyos financieros, ayudas directas, iniciativas en materia de fiscalidad, directrices para el refuerzo de la prestación de determinados servicios, medidas en el área de la prevención de riesgos laborales y otras relacionadas con la agilización y simplificación de procedimientos administrativos.

Protección y mantenimiento del empleo

El primer bloque, dotado con casi 68 millones de euros, es el destinado a la protección y el mantenimiento del empleo e incluye un conjunto de medidas para ayudar tanto a los trabajadores como a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos, con compensaciones económicas para los trabajadores que se vean afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs); ayudas a la conciliación cuando estos se vean obligados a reducir su jornada de trabajo o a solicitar la excedencia; ampliando la protección de los trabajadores de más de 55 años, y de los desempleados que, ante esta situación, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio; prestando un servicio más ágil a empresas y autónomos, mediante la tramitación telemática de los ERTEs y la simplificación del procedimiento.

Contempla también el apoyo económico a autónomos, micropymes y pymes que incrementen sus plantillas para atender carga de trabajo derivada del coronavirus; la preferencia a las ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria, cuando sus plantillas se hayan visto afectadas por la pandemia; la ayuda a la modernización y digitalización de establecimientos comerciales, y garantizando el abastecimiento de productos de primera necesidad en el medio rural, con financiación de proyectos de establecimientos comerciales.

El acuerdo recoge además el apoyo a los emprendedores acogidos a la tarifa plana estatal, mediante la reducción de las cuotas de la Seguridad Social hasta 60 euros con carácter general que aplicará la Junta para la consolidación del trabajo autónomo durante seis meses; a los autónomos, a los que, habiendo cesado su actividad decidan reincorporase, con una ayuda equivalente al 40 por ciento de la cuota la Seguridad Social, durante los 3 primeros meses, y a los que habiendo cesado definitivamente, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo. Asimismo, se establecen ayudas de hasta 5.000 euros para los trabajadores por cuenta propia que abandonen su actividad durante la crisis, y decidan emprender un nuevo negocio.

En su conjunto, se estima que este paquete de cuatro líneas de ayuda dirigidas específicamente a los autónomos, unido al programa de 20 millones de euros en apoyos financieros para facilitar liquidez a pymes y trabajadores por cuenta propia, beneficiará a entre 40.000 y 50.000 autónomos en Castilla y León.

Protección de la salud de los trabajadores

Y junto a las medidas de protección y mantenimiento del empleo, el acuerdo incide también en medidas en materia de prevención de riesgos laborales, con dos millones de euros, para que las empresas puedan priorizar la máxima protección de la salud de los trabajadores.

Además, medidas de carácter financiero, adelantadas hace unos días, como el aplazamiento de impuestos a empresas y familias con un impacto de 42 millones, así como la inyección de liquidez y crédito por importe de 100 millones de euros.

En otro bloque se incluyen, con un importe de 320.000€, servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial, informando y resolviendo consultas a empresas, reforzando la Red Exterior de la Junta de Castilla y León; buscando nuevos proveedores cuando se haya visto interrumpida la cadena de suministros, o ampliando los plazos de presentación y pago de impuestos gestionados por la Administración Autonómica.

Medidas de protección social

Y, por último, medidas de Protección Social, a las que se destinan recursos por importe de ocho millones de euros. Medidas que tienen por objeto garantizar la prestación de los servicios, adaptados a las nuevas circunstancias generadas por la crisis del coronavirus; protegiendo la salud tanto de las personas usuarias, como de los trabajadores; apostando por la dependencia, por el refuerzo de la teleasistencia y la atención domiciliaria, y por la actividad de los Centros de Atención Residencial; habilitando medidas adicionales para proporcionar una alimentación adecuada a la población infantil en situación de vulnerabilidad o pobreza; examinando el posible incremento de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía; y garantizando el acceso a las prestaciones esenciales dentro de la Red de Protección a Personas y Familia en situación de vulnerabilidad.

Junto a todas las medidas, el presidente ha anunciado el refuerzo del conjunto de programas asociados a las políticas activas de empleo, dentro de los objetivos acordados en el Plan Anual de Políticas de Empleo 2020, suscrito el 3 de febrero de este mismo año.

Alfonso Fernández Mañueco aseguró que “esto es el primer paquete de medidas” y señaló que “la Junta de Castilla y León nunca se va a olvidar de las personas que lo están pasando mal estos días”, así como de los “valientes autónomos" que trabajan sin descanso para sacar adelante sus proyectos. “Todos juntos vamos a ganar esta batalla”, concluyó el presidente de Castilla y León.

Patronal

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, por su parte, destacó el esfuerzo de la Junta en los acuerdos firmados en el marco del Diálogo Social, a la vez que pidió al Gobierno una política más valiente de “ayudas” las pymes y a la micropymes.

También calificó de positivas las medidas de apoyo al tejido empresarial suscritas hoy a nivel autonómico, pero insistió en que deben ser un complemento a las puestas en marcha por el Gobierno. En este sentido, Aparicio reclamó al Ejecutivo central, que al igual que la Junta, apruebe el aplazamiento de los impuestos empresariales “durante el tiempo que haga falta”, y también pidió a los bancos que retrasen el pago de las cuotas de los préstamos y una refinanciación de las deudas.

Sindicatos

Por su parte, los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, dieron la bienvenida a los “primeros” acuerdos dentro del seno del Diálogo Social frente al coronavirus y destacaron que los 220 millones que movilizarán para proteger a los trabajadores, las familias y las empresas serán “complementarios” a las medidas del Gobierno central.

También indicaron que el reto “número uno” es la lucha contra la expansión del coronavirus pero también hacer frente al problema económico de “primera magnitud” que sufre la autonomía y sus ciudadanos con la paralización de la actividad, para en un futuro sentarse a negociar un “plan de reconstrucción”.

Vicente Andrés explicó que las medidas hacen frente a “lo más urgente”, que es la “protección social a los trabajadores y a las empresas”, mientras que temprano sburayó que se trata de medidas nuevas en algunos casos y en otras ya pactadas pero con un presupuesto “extraordinario” ante la nueva situación y constató que en épocas de crisis el Diálogo Social debe funcionar mejor que cuando hay superávit y la economía marcha bien.