La Justicia ampara a la Junta en su lucha por conseguir material sanitario

El juzgado de lo social de Valladolid desestima la demanda que había presentado el Colegio de Enfermería

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ofrece explicaciones
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ofrece explicacionesJcyl (nombre del dueño)La Razón

El Gobierno regional se muestra satisfecho por el amparo que esta encontrando en la Justicia ante las demandas presentadas por colegios de médicos y sindicatos de enfermería contra la Junta por la falta de material de protección para el personal sanitario.

El último ha sido el juzgado de lo Social número 4 de Valladolid que este miércoles ha desestimado dicha denuncia de medidas cautelarísimas que había presentado contra la Junta el Colegio Oficial de Enfermería. En la resolución judicial se aclara que, ante los hechos, “constituye una obviedad que esta Administración ha de facilitar al personal sanitario los medios de protección adecuados y necesarios conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, entendiendo la situación de emergencia en la que se encuentra la provincia de Valladolid, y por extensión la Comunidad y el país ante esta emergencia sanitaria”. Y hace referencia a que no consta ninguna actuación “contraria a la exigencia vigente en esta materia”, siendo “notorias las manifestaciones de los responsables públicos a la hora de insistir en las iniciativas que se están llevando a cabo para paliar la situación de emergencia sanitaria”. De esta forma, el Juzgado indica que “no hay fundamento para justificar la adopción de las medidas provisionales solicitadas”.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, nada más conocerse esta resolución judicial, se mostraba enormemente satisfecha e insistía en que la Junta “siempre” ha hecho las gestiones “razonables” para conseguir el material. “Desde el primer momento de esta crisis sanitaria ha sido una obsesiónpara este Gobierno la protección de los profesionales y de los pacientes”, aseguraba, mientras ponía como ejemplo las propias gestiones que ha realizado su departamento así como desde Fomento para que las compras realizadas en el exterior llegaran cuanto antes a la Comunidad. Y, al respecto, recordaba el aterrizaje de otro avión con 100.000 batas este miércoles o que se hayan repartido ya cinco millones de material de protección, tanto para personal sanitario como sociosanitario.

Todo documentado

Por otro lado, en un comunicado remitido por la Junta, se informa que la Dirección de los Servicios Jurídicos presentó recurso de reposición ante los correspondientes Juzgados y contestó a los requerimientos judiciales que daban 24 horas para su cumplimiento, en la mañana del sábado 28 de marzo. Y que además de las naturales argumentaciones jurídicas, los Servicios Jurídicos manifestaron que la Junta ha trabajado desde el primer momento en cubrir todas las necesidades de material de los profesionales ante la crisis del covid-19, como una prioridad esencial, pese a encontrarse en un problema de falta de stock en el mercado a nivel mundial.

El requerimiento hecho a la Junta se efectuó por los juzgados sin escuchar las alegaciones de la Administración, con la simple petición de sindicatos o colegios, como prevé la norma procesal, y por ello sin conocer el trabajo que de forma permanente ha estado haciendo la Administración a este respecto.

Por ello, los Servicios Jurídicos, al cumplir el requerimiento efectuado por los juzgados, “demuestran documentalmente con los escritos que acompañan todas las ingentes gestiones realizadas por la Consejería y el Sacyl para su dotación, aclaran con documentación bancaria todas las compras realizadas y su cuantía y gracias a estas gestiones manifiestan que ha sido de las primeras comunidades autónomas en contar con material sanitario proveniente vía aérea de las principales industrias productoras, que están en China”.

Entre la argumentación jurídica alegada se encuentra el precedente de su desestimación acordado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo mediante auto de 25 de marzo de 2020, y el auto desestimatorio de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de marzo.

El último auto más contundente ha sido de Madrid con fecha 30 de marzo, muy duro con los demandantes, al señalar que “las medidas cautelares no tienen como finalidad el salvamento de la Humanidad o el Universo, ya nos gustaría, sino el mucho más modesto de asegurar anticipadamente lo resuelto en un procedimiento judicial”, añadiendo que “la presente resolución no va a incidir en forma alguna en el salvamento de vida alguna o de la integridad física o moral de un solo profesional, lamentablemente”, para concluir que “todo ello nos hace sospechar que pudiéramos estar dispendiando servicios esenciales en atender solicitudes apodícticas, imposibles o inútiles para que determinados sindicatos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos”.

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