Continua el trabajo para garantizar el abastecimiento de material sanitario

La Junta acata y cumple los autos sobre la necesidad de los equipos de protección para los profesionales de la salud

Profesional sanitaria ataviada con todos los EPIs toma muestras desde el coche para la realización del test Covid-19 en el hospital Río Hortega de Valladolid
Profesional sanitaria ataviada con todos los EPIs toma muestras desde el coche para la realización del test Covid-19 en el hospital Río Hortega de ValladolidWellington Dos Santos PereiraLa Razón

La falta de material sanitario durante las primeras semanas del Estado de Alarma fue un problema que afectó no solo a Castilla y León, sino a toda España y al resto de países con personas afectadas. La falta de stock de mascarillas, guantes y geles principalmente, pero también del resto de elementos necesarios para una correcta protección, llevó a las administraciones, como la Junta, a comprar material por su cuenta sin esperar a que llegase por parte del Ministerio.

Sin embargo, la burocracia china -país al que se compra parte de lo necesario- complicó la situación y los primeros aviones contratados por el Ejecutivo autonómico y cargados con Equipos de Protección Individual (EPIs) aterrizaron en el país unos días más tarde de lo previsto inicialmente.

Tanto es así, que algunos colegios profesionales sanitarios de la Comunidad, como el de Médicos de León, recurrieron a la Justicia para interponer una denuncia contra la Junta pidiendo más material. Tanto a ellos, como al resto de los que vinieron después, desde el Gobierno regional se explicó, en los recursos de reposición, los motivos por los cuales no se había podido abastecer tanto como se hubiera querido al personal que está en primera línea de fuego contra el Covid-19.

“El trabajo que se está realizando mañana, tarde y noche para conseguir los EPIs que necesitan nuestros profesionales está siendo muy intenso”, explicaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en una de sus intervenciones de mediados de marzo.

Esto no ha impedido que desde el Ejecutivo que dirige Fernández Mañueco se conocieran recientemente los autos desestimatorios de los recursos de reposición formulados por los Servicios Jurídicos en tres provincias de la Comunidad, en concreto procedentes de los Juzgados de lo Social número uno de Segovia, León y Zamora, que han dado la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por considerar “insuficiente” el material repartido entre el personal.

“En todo caso, contra estos autos no cabe recurso judicial alguno, pero tampoco resuelven el pleito principal, por lo que habrá que esperar a que se dicte posteriormente la correspondiente sentencia, tras la demanda de la parte y la contestación de los Servicios Jurídicos de la Junta”, explica el Gobierno regional.

Los Servicios Jurídicos aclaran que la información que se presentó para contestar a los requerimientos, al producirse la estimación de las medidas cautelarísimas en ocho provincias, y además por varios colectivos en cada una de ellas (sindicatos de médicos, sindicatos de enfermería, colegios profesionales provinciales de ambos, sindicatos del ámbito socio-sanitario), referida a datos de las actuaciones de petición de material ante el Ministerio de Sanidad y a datos sobre las compras propias de material por parte de la Junta en China, fue de ámbito general para toda la Comunidad Autónoma, no por provincias o por áreas de salud, por lo que los Juzgadores no han tenido oportunidad de apreciar la situación individualizada en cada centro o provincia y su suficiencia.

Por ello, el Ministerio Fiscal ha apoyado la estimación de los recursos de reposición formulados por los Servicios Jurídicos de la Junta, pidiendo que se dejaran sin efecto los autos originarios, haciendo suyos determinados planteamientos jurídicos formulados por la Administración autonómica.

Asimismo, todos los autos destacan la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la dotación de los equipos de protección individual como máxima autoridad delegada durante el estado de alarma, pero inciden en que ello no excluye que se mantenga el deber de la Junta de Castilla y León como empresaria de estos empleados de ofrecer también tal dotación de equipos.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico comparte las resoluciones judiciales, en el sentido de que hay que redoblar los esfuerzos en la dotación de los equipos de protección, y por ello “todo el personal sanitario debe tener presente que la Administración autonómica, como indican los autos al establecer una obligación de tracto sucesivo que no se agota en el requerimiento inicial otorgado, continuará facilitando de forma permanente e inmediata dichas medidas de prevención laboral y lo hará con carácter suficiente en la medida de todas sus disponibilidades objetivas”.

De hecho, desde que se cumplimentó tal requerimiento judicial, se ha recibido material sanitario a través de diversos vuelos, que ha sido objeto de “inmediata distribución y reparto”, ya que la protección de los profesionales sanitarios constituye “una de las máximas prioridades de esta Administración durante esta pandemia”, apostilla la Junta.