El Consultivo tampoco descansa en cuarentena y resuelve varios contratos públicos

El Tribunal de Recursos Contractuales (Tarccyl) zanja telemáticamente algunos expedientes sobre mobiliario de hospital, infraestructuras viarias o alumbrado

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega

Son tiempos de pandemia, de confinamiento en casa, salvo para aquellos servidores públicos o personal del sector privado esencial para mantener las constantes vitales del país, pero eso no quiere decir que el hecho de no poder salir del hogar impida trabajar ni reunirse, ya que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así lo permiten. Y en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), órgano integrado en el Consejo Consultivo han tomado nota de las recomendaciones del Gobierno de España tras declarar el estado de alarma, y sus miembros se han reunido este martes de manera telemática, cada uno desde su casa, para dar cuenta de algunos de expedientes pendientes sobre diversos servicios como por ejemplo sobre reforma de infraestructuras viarias, mantenimiento de alumbrado público o mobiliario de hospital, y resolverlos, según informan fuentes de esta institución propia de la Comunidad con sede en Zamora que preside Agustín Sánchez de Vega.

Por otro lado, cabe señalar que durante el encuentro, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha decidido mantener paralizados durante la vigencia de estado de alarma los plazos para la interposición del recurso especial en materia de contratación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación reguladas en el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, salvo que se trate de contratos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

Igualmente, el Tarccyl ha suspendido la tramitación de los recursos especiales y de las reclamaciones que se hayan interpuesto hasta la finalización del estado de alarma, salvo que se trate de contratos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Y en los demás supuestos, fuentes de este ´rogano aseguran que se dictará sentencia solo sobre los recursos especiales y reclamaciones cuya tramitación hubiera concluido y únicamente estuvieran pendientes de resolución.