Castilla y León exige a Sánchez respuestas sociales sólidas

Entre ellas, la prórroga de duración de los ERTE por fuerza mayor o el aplazamiento inmediato del pago de impuestos a los autónomos

La planta de Renault en Valladolid
La planta de Renault en Valladolid

Castilla y León se pone seria con el Gobierno de España en la lucha contra esta pandemia en el ámbito económico y laboral, y reclama a Pedro Sánchez y su equipo unas respuestas sociales “sólidas”. Conscientes de la delicada situación, con más de 31.655 ERTEs recibidos ya en las oficinas, con una cifra de parados que se espera en abril histórica, y un pequeño comercio y la hostelería paralizada hasta no se sabe cuando, desde el Gobierno autonómico ya han movilizado más de 200 millones de euros en este primer mes, a los que hay que sumar los 121 millones más del decreto ley aprobado por la junta este jueves en ayudas para trabajadores y empresas afectadas por esta crisis, pero tienen claro también que no es suficiente y que falta el empujón que debe venir del Ejecutivo de la nación.

El consejero de Empleo, Germán Barrios, ha desvelado este mediodía que ha enviado una carta al Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, expresando las preocupaciones de esta Comunidad y pidiendo por escrito una serie de actuaciones prioritarias para hacer frente a esta pandemia desde el punto de vista económico, laboral y social. Entre ellas, que se prorrogue la duración de los ERTE por fuerza mayor, que se aplace de inmediato del pago de impuestos a los autónomos así como el abono de los correspondientes al tiempo que va entre el segundo trimestre de este año y el 20 de julio para que los trabajadores por cuenta propia puedan contar con mayor liquidez.

Que se incluya al sector de la Construcción, la reforma y la rehabilitación entre la actividad suspendida por el Real Decreto 8/2020; que se paguen también lo más rápido posible las prestaciones del desempleo de los afectados por los expedientes de regulación de empleo temporal así como las prestaciones por cese de actividad de aquellos autónomos cuya facturación no supere el 50 por ciento, en lugar del 75 estipulado; que se prorrogue otros seis meses la tarifa plana; o la necesidad de posibilitar el paso de estimación de módulos a la forma directa, según ingresos y gastos reales, son otras de las demandas que plantea Castilla y León al Gobierno de España, además de reducir el IVA de productos relacionados con la protección sanitaria como hidrogeles, mascarillas o pantallas protectoras y que se consideren por tanto de primera necesidad.

Medidas que Barrios considera urgentes para hacer frente a esta situación, máxime cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha sustraído a Castilla y León” 80 millones de euros de las políticas activas de empleo correspondientes a las cuotas de formación.

Nueve de cada diez ERTES resueltos

Por otra parte, el consejero de Empleo hacía este mediodía un balance de los expedientes de regulación de empleo (ERTEs) que han ido llegando en este primer mes de cuarentena social a las distintas direcciones de Trabajo existentes. Así, informaba de que hasta el momento se han registrado 31.655 solicitudes, de las cuales se han resuelto ya 28.550, lo que supone el 90 por ciento del total.

De estos expedientes ya ejecutados, el 77 por ciento (21.897) son por fuerza mayor debido a la pandemia, mientras que el 3 por ciento están relacionados por causas económicas o productivas ajenas al coronavirus y el 20 por ciento restante son expedientes de empresas que han desistido después o que ha tramitado la Junta aunque no le correspondía hacerlo ya que eran documentos de otras Comunidades o porque las empresas se equivocaron de lugar al presentarla.