Más de 26.560 usuarios de residencias han sido testados ya

Desde el 1 de marzo han perdido la vida 3.061 personas que vivían en estos centros, 1.037 de ellos por coronavirus y 1.052 con síntomas compatibles

Sexta semana del estado de alarma
SALAMANCA, 20/04/2020.- Un técnico sanitario desinfecta a sus compañeras después de una visita a una residencia de Salamanca en la trigésimo séptima jornada del estado de alarma por el coronavirus. EFE/J.M.GARCIAJMGARCIAEFE

La lucha contra el coronavirus en las residencias de personas mayores de la Comunidad sigue sin dar tregua alguna en estos 38 días de confinamiento. Los contagios se sigue produciendo y de los 44.055 usuarios con plaza en alguno de los 1.214 centros de mayores y dependientes o viviendas tuteladas de la Junta, son ya 4.765 los positivos confirmados mientras que se encuentran aislados con síntomas compatibles con la enfermedad otros 1.279 ancianos y 5.532 más lo están de manera preventiva, según los datos que ha facilitado este martes la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Una batalla sin cuartel en estas residencias, entre las cuales hay 250 que han registrado al menos un fallecido por coronavirus en este tiempo y en 112 de estas han perdido la vida cinco o más residentes.

Desde el Gobierno autonómico están intensificando durante los últimos las pruebas para detectar la enfermedad, una vez que han empezado a llegar de forma masiva los deseados test, tanto los moleculares PCR como especialmente los rápidos para localizar anticuerpos.

De hecho, son ya 26.560 los usuarios de residencias a los que ya se les ha hecho la deseada prueba y el porcentaje de centros asistenciales considerados como críticos por que ha habido algún muerto que ya han sido analizados alcanza ya el 97 por ciento del total, que baja al 79 por ciento en el caso de residencias de riesgo -que son aquellas en las que se ha registrado al menos un contagio-, y del 64 por ciento en lo que respecta al total de espacios de este tipo testados, según informaba este mediodía la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en el habitual parte diario ante la prensa para dar cuenta de la evolución de la pandemia.

En lo que respecta a la mortalidad de personas mayores usuarias de estas residencias en Castilla y León, desde el pasado 1 de marzo la cifra supera ya las tres mil (3.061 en concreto), de los cuales 2.089 murieron a causa del Covid-19 (1.037) -más de la mitad del total en la Región-, o con síntomas compatibles con esta enfermedad a los que no se les hizo ninguna prueba (1.052) en hospitales o en las propias residencias. Los cerca de mil restantes fallecieron por otras causas.

Crecen las denuncias de familiares y trabajadores

Por otra parte, cabe señalar que la batalla contra el coronavirus también se está librando en los tribunales, ya que cada vez son más las diligencias penales abiertas en toda España a este tipo de centros por la gestión que han llevado a cabo de esta pandemia, especialmente de familiares de seres queridos que han perdido la vida indignados por la falta de información y porque cuando han podido actuar era demasiado tarde ya y de trabajadores sociosanitarios que han desempeñado su labor desprotegidos del material necesario para evitar el contagio de la enfermedad.

En el caso de Castilla y León, el Ministerio Fiscal ha informado este martes que mantiene abiertas un total de siete diligencias penales a residencias de la Comunidad como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los establecimientos, tres en la de Valladolid, una en las de Soria, Salamanca y León, y otra más que ha incoado el Fiscal Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores en la Región.

De la misma forma, la Fiscalía autonómica avanza que están abiertas otras quince diligencias civiles en residencias de la Comunidad, que se enmarcan en la labor tuitiva del propio Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo de esta actuación de oficio es recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución.