El Consejo de Cuentas incorpora la auditoría informática a su actividad fiscalizadora

El Consejo de Cuentas de Castilla y León, con sede física en Palencia, tampoco en estos tiempos de pandemia y de confinamiento en casa por el estado de alarma, y sus miembros se siguen reuniendo de manera habitual de forma telemática -hoy ha sido el tercer encuentro en este mes y medio casi- para avanzar en los informes de fiscalización que tienen pendientes y en marcha para este año, así como para otras cuestiones de interés de esta institución propia de la Comunidad que preside Mario Amilivia.

Así, cabe destacar que el Pleno del Consejo ha dado luz verde este miércoles a las directrices técnicas para la realización de dos nuevas auditorías especiales referidas al sector público local, dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones 2020. Así, según informan fuentes de esta entidad, se iniciarán los trabajos para la elaboración de los informes “Fiscalización de la situación de seguridad informática en las entidades locales”y “Análisis comparativo de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales”..

En el anterior encuentro por videoconferencia, celebrado el pasado 3 de abril, ya obtuvieron el visto bueno del Pleno las tres primeras directrices técnicas de fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual 2020, programación integrada por un total de 17 nuevas auditorías.

En relación al primero de los informes, representa una importante novedad en la actividad fiscalizadora del Consejo de Cuentas tras incorporar a su plantilla la especialización de la auditoría informática. En este sentido, la institución tiene en consideración que, en la actualidad, el sector público desarrolla su actividad en un entorno altamente informatizado e interconectado a través de Internet con ciudadanos, otros entes del sector público o empresas.

En este sentido se destaca la dependencia de las entidades del sector público con respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, situación que implica que estén asumiendo riesgos nuevos, especialmente relacionados con la exposición de sus sistemas de información a un mundo interconectado. Se trata de una auditoría operativa con el objetivo de analizar las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para la implantación de los controles básicos de ciberseguridad, así como su grado de efectividad.

Para esta fiscalización se ha fijado el ámbito subjetivo en los siete municipios con población de 10.000 a 20.000 habitantes de Castilla y León (Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, en la provincia de León; Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes, en tierras salmantinas; y Benavente, en Zamora), al tratarse de ayuntamientos con un tamaño más que suficiente para que se disponga, previsiblemente, de una estructura de TIC con cierta complejidad.

En cuanto a las directrices técnicas del informe “Análisis comparativo de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales”, el ámbito del trabajo recae sobre las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León. Se trata de una fiscalización específica, de carácter operativo, y se centra en el análisis de la gestión recaudatoria que las mismas llevan a cabo por delegación para los municipios, evaluándose la eficacia de esta gestión, a través de los distintos sistemas y procedimientos empleados en cada una de ellas.

El Consejo de Cuentas considera de particular interés realizar un análisis de la gestión recaudatoria que llevan a cabo las distintas diputaciones para los pequeños municipios, evaluando su alcance, eficacia y coste para estos. Las actuaciones fiscalizadoras se referirán fundamentalmente al ejercicio 2019, sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros ejercicios que pudieran estimarse necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos propuestos.