La Junta realiza cambios administrativos para agilizar ayudas por el coronavirus

La Junta de Castilla y León ha realizado varios cambios administrativos con el fin de agilizar la tramitación de ayudas relacionadas con el coronavirus. Así lo anunciaba el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, por lo que se va sustituir el ejercicio de la función interventora por el control financiero permanente. Una decisión que tiene que ver con prestaciones de la Ley de Dependencia, Renta Garantizada de Ciudadanía, servicios sociales, atención de menores, pensiones no contributivas de jubilación o invalidez.

Asimismo, se incluyen las obligaciones de nómina del personal de la Administración General e Institucional, así como los actos que las generen, incluidos los expedientes de contratación de personal laboral.

De igual manera, este control se refiere a todos aquellos actos de contenido económico que se deriven de actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada por el virus.

Además, el Consejo ha dado luz verde a un paquete de subvenciones por una cuantía global de 3,3 millones de euros, que se repartirá entre las nueve diputaciones provinciales para financiar la contratación de 330 desempleados en labores forestales y medioambientales.

Las subvenciones aprobadas pretenden generar empleo en torno a labores en este sector, de manera que los desempleados contratados realizarán tareas de control y limpieza de la vegetación los núcleos rurales para la prevención de incendios forestales o la mitigación de sus efectos, en caso de producirse.

Se trata de una actividad esencial, que el Gobierno autonómico va a mantener en estas circunstancias excepcionales. Asimismo, la Consejería de Empleo e Industria ha previsto la concesión de un anticipo equivalente al 40 % del importe total de la subvención con el fin de facilitar liquidez a las corporaciones provinciales en estos momentos de dificultades económicas.

Las ayudas permitirán financiar los costes salariales y de Seguridad Social de 330 trabajadores, según las estimaciones del (Ecyl), y que se agruparán en un mínimo de cuatro cuadrillas compuestas por cinco integrantes en cada provincia. Su distribución por instituciones provinciales es ésta: Ávila, 380.000 euros; Burgos, 370.000 euros; León, 480.000 euros; Palencia, 310.000 euros; Salamanca, 420.000 euros; Segovia, 300.000 euros; Soria, 340.000 euros; Valladolid, 300.000 euros, y finalmente Zamora, 400.000 euros.

Las diputaciones provinciales deberán otorgar preferencia en las contrataciones a desempleados que sean jóvenes menores de 35 años –fundamentalmente sin cualificación–, mayores de 45 años –en particular, los que carecen de prestación y tienen cargas familiares– y los parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión.

Y por último, se ha aprobado hoyla contratación de obras para la realización de tratamientos selvícolas preventivos en los montes de utilidad pública de los municipios de Arévalo, El Bohodón, Espinosa de los Caballeros, Nava de Arévalo, Orbita, San Vicente de Arévalo, Santa María del Cubillo, Villafranca de la Sierra, Mengamuñoz, Santiago del Collado, Langa, Sotalbo, Navaescurial y Ojos-Albos, en la comarca de Sierra de Ávila. El presupuesto asciende a 677.069 euros y se ejecutará durante un periodo de 28 meses.