Más de 9.300 familias se benefician del ingreso mínimo de 430 euros al mes

La alerta sanitaria y posterior crisis económica y social derivada ha hecho que el Gobierno autonómico tenga que activar todos sus recursos para poder atender a las personas y familias vulnerables a situaciones como las que está atravesando España y Castilla y León en estos momentos. Más recursos a través de la Red de Protección, facilidad y agilidad de trámites y procesos para poder hacer frente a las necesidades de los afectados o el cobro de prestaciones son algunas de las medidas que tienen activadas la Consejería de Familia para no dejar a nadie atrás.

En este último caso destaca la Renta Garantizada de Ciudadanía, un ingreso mínimo vinculado a la búsqueda activa de empleo que funciona desde hace diez años en nuestra Comunidad, y del que ahora se benefician más de 9.300 familias pero que alcanza al menos a 22.000 personas, según destacaba este mediodía la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras comparecer a petición propia en las Cortes regionales para dar cuenta de su gestión en esta crisis sanitaria del coronavirus.

Durante su intervención, destacaba que desde febrero está percibiendo esta renta 623 personas más, y que en este mes de abril se han dado de alta en el sistema otros 85 ciudadanos, mientras que se han producido 55 reanudaciones de este ingreso mínimo y 77 cambios de cuantía de la renta de entre el millar de solicitudes y demandas que ha recibido la Consejería, lo que supone que casi ochocientas de ellas se han desechado. Al respecto, la consejera recordaba que la media de lo que recibe cada beneficiario son 430,27 euros pero que esta cantidad varía en función de la situación familiar, como por ejemplo el número de hijos o personas dependientes a su cargo. Para poder hacer frente al pago de estos subsidios, el Gobierno que preside Fernández Mañueco tiene reservados 4,8 millones de euros, que se podrían ampliar si las circunstancias así lo requirieran.

Posible colisión con el ingreso mínimo del Gobierno

Por otra parte, durante su intervención en la Comisión de Familia, la consejera daba cuenta de algunos contenidos que abordó la semana pasada con responsables del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, especialmente sobre el ingreso mínimo vital que pretende poner en marcha el Gobierno de España y también vinculado a la búsqueda de empleo, como la Renta Garantizada de Ciudadanía que funciona desde hace una década en la Comunidad. Una medida que Isabel Blanco aplaude y estima que podría beneficiar a más de 50.000 familias de Castilla y León, pero que pide que sea gestionado por el Estado y no se cargue a las entidades locales.

En este sentido, Blanco explicaba durante su comparecencia que en ese encuentro pidió al ministro que con la entrada en vigor de esta nueva prestación estatal se deje a la Renta de Ciudadanía de nuestra Comunidad como subsidiaria, es decir, de apoyo y complemento si fuese necesario, ya que así lo establece la ley regional, y de esta forma evitar cualquier colisión que se pueda producir entre las normativas estatal y autonómica.