Urge una financiación que mantenga los servicios de calidad frente a la crisis sanitaria

Una profunda revisión de las necesidades de financiación para hacer frente al escenario que se va a producir tras la crisis. Que el Estado garantice a las Comunidades Autónomas la suficiencia financiera precisa para el ejercicio de sus competencias y asegure de esta forma la prestación de los servicios públicos fundamentales asociados a la crisis. Que el Gobierno de España se implique de manera urgente en materia de financiación autonómica además de orientar la mayor parte del margen económico acordado en el ámbito de la Unión Europea hacia las Comunidades Autónomas. Y un reparto justo del nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda acorde a las nuevas circunstancias.

Estas son las principales demandas de Castilla y León en materia económica, que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo trasladaba esta tarde a la ministra María Jesús Montero, durante una videoconferencia de coordinación en la que han participado todos los consejeros competentes en materia de Hacienda de la España autonómica.Unas reclamaciones que tienen como principal objetivo combatir y superar los efectos de la pandemia y garantizar los pagos de las administraciones para asegurar la liquidez de las empresas.

Un encuentro en el que el Ministerio de Hacienda ha trasladado que uno de cada cuatro euros de los 16.000 millones del fondo no reembolsable comprometido por el Gobierno se dirigirá al número de hospitalizados por la Covid-19, cantidad que se elevará al 35 por ciento en el caso de los ingresados en UCI, según desvelaba el consejero tras la reunión respecto a una distribución de fondos que comenzará en el mes de julio próximo con los primeros seis mil millones de euros. Otro de los criterios que maneja el Ministerio como posible variable a tener en cuenta para el reparto es el de pruebas de detección molecular del coronavirus (PCR) que se hayan realizado y hayan dado positivo en cada territorio, según ha avanzado el consejero tras una reunión en la que, según decía, se ha puesto de manifiesto también que los 16.000 millones de euros no colman las necesidades de las autonomías.

Antes, por la mañana, durante su comparecencia de esta mañana en las Cortes, Fernández Carriedo lamentaba que el modelo de financiación autonómica siga sin reformarse ni actualizarse para desgracias de regiones como Castilla y León, que ven desde hace años cómo el dinero que les llega no alcanza para cubrir lo que les cuesta mantener la calidad de su estado del bienestar en el que tienen las competencias debido a las peculiaridades de su territorio, muy disperso, envejecido y despoblado, y más ahora con la crisis que se avecina por la Covid-19.

El consejero aprovechaba una de sus intervenciones para reivindicar una vez más la urgencia y necesidad de que se lleve a cabo una “revisión profunda” de este modelo de financiación autonómica reforzada con fondos no reembolsables, adicionales a los recursos del sistema vigente, y distribuidos en función del impacto acumulado de esta pandemia, y especialmente en el ámbito sanitario, “porque la Sanidad no admite más demoras en el tiempo”, apuntaba.

También reprochaba a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que haya dejado caer que el objetivo de déficit del 0,2 por ciento fijado por el Gobierno antes de la pandemia para las Comunidades Autónomas se va a mantener invariable pese a las consecuencias de la Covid-19, cuando es algo que no van a poder cumplir las autonomías -el presidente de Aragón, el socialista Lambán ya ha dicho que no lo va a poder cumplir- y reclamaba también un “reparto justo” del objetivo de déficit que habilitará la Unión Europea para España al ser las autonomías las principales prestadoras de los servicios públicos esenciales. “Las Comunidades Autónomas son las responsables de la prestación de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales, por lo que es necesario alcanzar un acuerdo a nivel nacional para reformar el modelo de financiación autonómica, afectado ahora por el impacto de esta crisis”.

Por otro lado, el consejero pedía fórmulas que permitan aplazar la devolución de la liquidación del sistema de financiación de 2022, que previsiblemente será negativa por desviaciones en las previsiones realizadas en 2020 por el Gobierno en base a un crecimiento estimado del 1,6 por ciento, que en el contexto actual es “inalcanzable, para de esta forma evitar situaciones como las originadas por los errores de cálculo en las estimaciones durante la crisis de 2008 y 2009, que todavía a día de hoy están devolviendo las autonomías.

Oportunidad para los bancos

Finalmente, la comparecencia dejaba un rifi rafe entre el consejero y la oposición a cuenta del impuesto de la Renta, pero también unas palabras del consejero en las que animaba a las entidades financieras a “compensar” a la sociedad en estos tiempos duros que se avecinan el apoyo que recibieron del Gobierno en la crisis anterior incentivando la actividad económica, y su desarrollo económico y social. “Estoy convencido de su responsabilidad y de que harán todo lo posible para que así sea”, decía Fernández Carriedo, mientras reafirmaba el compromiso del Gobierno autonómico con los autónomos y pymes favoreciendo su acceso a financiación para que puedan tener liquidez.