La protección de los puestos de trabajo, máxima prioridad para la Junta

Dos cosas tiene claras el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco en esta pandemia: Proteger la salud de los castellanos y leoneses, y mantener los puestos de trabajo. A esta segunda prioridad se refirió el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, durante su comparecencia en las Cortes regionales, a petición propia, para explicar las medidas que está llevando a cabo su departamento para paliar los efectos del coronavirus, que arrancó con la petición de “perdón por los errores" que haya podido cometer su departamento para afrontar la crisis sanitaria y ofreció rectificarlos con la “sencillez, sensatez, cordura, coordinación y consenso” que demanda la sociedad en esta situación.

En este sentido reiteró que las iniciativas llevadas a cabo por su departamento con motivo de la crisis originada por el Covid-19 se ha orientado en las últimas semanas hacia un objetivo común: la protección de los puestos de trabajo.

La gestión realizada desde la declaración del Estado de Alarma en España se ha sustentado en tres hitos. El primero consistió en la activación de un sólido paquete medidas extraordinarias y urgentes para apoyar a empresas, autónomos y trabajadores, que ha contado con el respaldo económico y social –a través del Diálogo Social– y político –puesto que ha recibido el aval de todos los grupos parlamentarios de la Comunidad–.

El segundo fue la articulación de un procedimiento ágil y eficaz para la resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) presentados ante la autoridad laboral autonómica, que eleva al 98 % el porcentaje de los ya tramitados, aportando seguridad al tejido productivo y certidumbre a sus plantillas.

En tercer y último lugar, cabe destacar el esfuerzo realizado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), tanto para intensificar sus funciones de intermediación –con el reto de ofrecer al mercado laboral los profesionales que se están demandando en medio de la crisis–, como para adaptar con rapidez sus métodos de gestión a las excepcionales circunstancias –y con ello simplificar y ahorrar trámites a los ciudadanos en pleno confinamiento–.

Un acuerdo sellado a los once días de declararse el Estado de Alarma

El consejero destacó la pronta respuesta dada por esta Comunidad a la emergencia económica derivada de la pandemia –incluso cuando aún resultaba difícil pronosticar su envergadura– y el elevado volumen de recursos movilizado para atenderla –más de 450 millones de euros en apenas dos meses–.

Asimismo, informó de que la primera reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social convocada para analizar cómo mitigar el impacto del Covid-19 sobre el tejido productivo y social tuvo lugar el 16 de marzo, es decir, tan sólo 48 horas después de la aprobación del estado de alarma. Y en menos de diez días, el 25 de ese mismo mes, la negociación liderada por la Consejería de Empleo e Industria para articular iniciativas en esa dirección fructificó en un gran pacto firmado entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los líderes de Cecale, CCOO y UGT.

El acuerdo recogía una amplia batería de medidas, con un impacto superior a 220 millones de euros, entre las que cabe citar las ayudas a pymes, autónomos y trabajadores y los apoyos financieros a las empresas para preservar su actividad.

Buena parte de estas iniciativas se activaron de forma inmediata –como los programas de préstamos avalados de la Lanzadera Financiera o la moratoria en el pago de tributos autonómicos–, mientras que las subvenciones se consolidaron en un decreto ley, aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de abril, y convalidado por las Cortes el día 24 de aquel mes, con el voto favorable de los 81 procuradores.

En este sentido, Germán Barrios ensalzó la voluntad del Ejecutivo autonómico de ampliar el pacto alcanzado en el Diálogo Social al ámbito político. Este hecho y la oportunidad de imprimir mayor agilidad en la resolución de las convocatorias de ayudas han justificado el uso del decreto ley como herramienta regulatoria.

Gestión segura de los ERTEs: 158 recursos de 33.000 expedientes tramitados

La emergencia sanitaria del COVID-19 ha dado lugar a una nueva y prolija regulación en materia laboral, donde ha cobrado especial relevancia la figura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) por causa de fuerza mayor, cuya tramitación recae casi íntegramente en las comunidades autónomas.

Desde la declaración del Estado de Alarma hasta el pasado viernes, la Dirección General de Trabajo de la Consejería y las nueve Oficinas Territoriales de Trabajo han recibido 33.002 ERTES, que afectan potencialmente a 184.763 trabajadores de la Castilla y León. Pese al volumen de expedientes registrados –cuatro veces más que la suma de los acumulados desde 2008– y a los sucesivos cambios normativos dictados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social desde el origen de esta crisis, la Junta ha tramitado ya el 97,7 por ciento (32.245 en cifras absolutas).

El Ecyl simplifica procedimientos para facilitar las gestiones a los ciudadanos

Otra de las áreas de la Consejería de Empleo e Industria que ha tenido una intensa actividad estas semanas ha sido el Servicio Público de Empleo. Este organismo ha modificado en tiempo récord su catálogo de trámites y procedimientos para adaptarse a la coyuntura y, sobre todo, para facilitar un mejor servicio a sus usuarios.

Así, el Ecyl ha renovado demandas de oficio; ha abierto un nuevo canal en la oficina virtual para facilitar nuevas inscripciones sólo con un PIN; ha validado documentación remitida por aplicaciones móviles de mensajería instantánea –haciendo accesible sus servicios a usuarios no familiarizados con el uso de internet–, y ha reforzado sus sistemas de información a través de boletines especiales, guías de ayudas y otros contenidos en redes sociales.

En el primer mes de Estado de Alarma, el Ecyl ha registrado 606 ofertas de empleo, ha contactado con 21.295 demandantes y ha remitido 3.409 candidatos a empresas que reclamaban personal, especialmente relacionado con las áreas sanitaria y social. La cifra de contratos notificada al Servicio Público de Empleo asciende a 576.

Para finalizar, el consejero se refirió al sistema de formación profesional para el empleo, inicialmente programado en un formato presencial, que ya se está revisando como consecuencia de la pandemia. Al respecto, indicó que el Ecyl trabaja en un modelo alternativo, basado en un aula virtual, que facilite la ejecución de cursos para la recualificación del capital humano, al tiempo que ha subrayado que ahora más que nunca se priorizarán los contenidos vinculados a competencias digitales.

1.617 referencias en el directorio de comercios con reparto a domicilio

En el ámbito del comercio, Germán Barrios resaltó la buena acogida que ha tenido en el sector, y también entre los consumidores, la puesta en marcha de un directorio digital en el que pueden consultarse los establecimientos de la Comunidad que ofrecen servicio de entrega a domicilio. Se trata de una base de datos, con geolocalización y búsqueda selectiva por localidad o tipo de producto, que ya aglutina 1.617 referencias.

Oportunidad de crecimiento para la industria química, farmacéutica y TIC

Germán Barrios también elogió el papel realizado por la industria de Castilla y León, su alta competitividad y su capacidad de resiliencia. En este sentido, ha resaltado la capacidad de muchas empresas para transformar su actividad productiva y orientarla a la fabricación de equipos de protección.

También subrayó la relevancia que ha adquirido en esta fase inicial de la crisis la industria agroalimentaria y ha apostado por apoyar con medidas específicas la estratégica industria del automóvil y sus componentes, a través de una iniciativa que debe liderar el Gobierno de España. Al mismo tiempo, advirtió de la oportunidad que se abre para la Comunidad ante el potencial crecimiento que experimentarán en el futuro la industria química y farmacéutica, así como la vinculada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), llamada a liderar el cambio de paradigma que ya estaba experimentando el sector productivo.

Para afrontar estos retos, la Junta ha puesto ya a disposición de las compañías autonómicas más de 112 millones de euros en ayudas para fomentar la digitalización y mejora de la competitividad del tejido empresarial.

Coordinación con el Gobierno de España

La coordinación interna y, sobre todo externa, con todas las administraciones y, en particular, con el Gobierno central está siendo un principio rector de la acción de la Consejería de Empleo e Industria durante esta crisis. En estas semanas, se han sucedido diversas conferencias sectoriales telemáticas y comunicaciones telefónicas y por carta con responsables de los ministerios con competencias en empleo, industria y comercio, donde se han compartido las preocupaciones sobre las consecuencias del Covid-19 y se han analizado medidas para minimizar su impacto.

El consejero, quien ofreció su colaboración leal al Gobierno de España, también aprovechó estos foros para plantear reivindicaciones y manifestar su malestar ante algunas de las iniciativas adoptadas. En concreto, ha lamentado que el Consejo de Ministros haya tomado decisiones sin contar con las comunidades y ha reprochado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que haya detraído 80 millones signados a Castilla y León para políticas activa de empleo.

En el apartado de peticiones, la Junta insistió en la necesidad de prorrogar los ERTEs por fuerza mayor más allá de la vigencia del estado de alarma; de abrir esta fórmula de flexibilidad al sector de la construcción, y de exonerar de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos que justifiquen pérdidas de más del 50 %. También ha reclamado distintas ventanas de pago en el SEPE para facilitar el cobro de prestaciones a trabajadores inmersos en expedientes de regulación.

Hacer oposición con la Junta

Muy descontento salió el PSOE con la intervención del consejero. Su portavoz Pedro González Reglero tras asegurar que Barrios ““tiene la cara más dura que el hormigón armado" al exigir al Gobierno España que abone las ayudas a todos los trabajadores afectados por ERTEs, le pidió que "no utilice la Junta para hacer oposición, tergiversando los datos”.

Tras las acusaciones el consejero cargó contra el socialista y achacó sus críticas a la “ignorancia” o que “alguien le ha engañado” porque “no ha leído la normativa aprobada por un Gobierno de su mismo color político”.

Dotación “suficiente”

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pascual Muñoz, exigió Barrios “dotación suficiente” para el plan de fomento territorial de la capital abulense y su entorno, porque será “clave” para la recuperar la economía de la zona cuando se salga de la pandemia sanitaria.

Asimismo, defendió que después de aplanar la curva sanitaria del coronavirus será preciso actuar sobre la económica, para lo que “será fundamental el trabajo conjunto de todos los partidos sin importar los colores”.

El responsable regional de la cartera de Empleo e Industria trasladó al procurador abulense todo "su apoyo” porque “el Plan de Ávila es más necesario ahora que nunca”.

Por último, el portavoz del grupo Ciudadanos en la comisión, Juan Pablo Izquierdo, reclamó que se potencie la venta on line en el comercio de proximidad con la idea de “aprovechar la sensibilidad que tienen los clientes” hacia estos negocios."El sector se está reinventando, adecuando día a día a la situación actual, y creemos que el comercio online es muy buena herramienta para ayudar ahora mismo y en el futuro", explicó.