Autoabastecerse de material sanitario para preservar la salud y reactivar la economía

Conseguir el pleno autoabastecimiento de material de protección sanitario para proteger la salud de los castellanos y leoneses pero también para reactivar una economía que en estos momentos se encuentra muy dañada y con un futuro nada halagüeño y menos alentador.

Esto lo que el Procurador del Común, el defensor del Pueblo en Castilla y León, espera y desea que ocurra en esta Comunidad, y por ello llama al Gobierno autonómico, y en concreto a la Consejería de Empleo e Industria que dirige Germán Barrios, a que “redoble” sus esfuerzos en este desafío y lidere un nuevo impulso empresarial que permita aumentar la fabricación de este material sanitario esencial para que la población en general, y los profesionales más expuestos al virus, en particular, puedan estar seguros en su regreso a la nueva normalidad y las empresas puedan también tener actividad y producir las materias primas necesarias o elaborar los materiales que sirvan para combatir la pandemia y poder así revitalizar la economía.

En un informe publicado este miércoles, la institución que preside Tomás Quintana advierte de que la lucha contra la Covid-19 en estos casi dos meses de estado de alarma y crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la “falta de equipos de protección individual para el personal sanitario y para el resto de trabajadores esenciales, además de otras carencias de elementos necesarios para vencer el virus”. Y aunque reconoce el esfuerzo llevado a cabo por las distintas administraciones para dotar de estas mascarillas, batas, guantes, geles hidroalcohólicos, respiradores o trajes sanitarios a los servidores públicos y sanitarios principalmente, insiste en que no es suficiente para ganar esta batalla y hace falta un esfuerzo extra en este caso por parte de la Junta.

En el documento se hace mención a la respuesta que ha dado la Consejería de Empleo e Industria a la petición de información por parte del defensor del pueblo castellano y leonés, en la que explican que desde que comenzara la pandemia, además de la coordinación con el Gobierno de España, en Castilla y León se han promovido numerosas acciones dirigidas a las empresas en forma de retos encaminadas a cubrir esta carencia de material de protección. En este sentido, el departamento que dirige Barrios explica en su respuesta que más de trescientas empresas y entidades de la Comunidad han trabajado sin descanso y a destajo este tiempo en la fabricación de todo este material; que la región es ya autosuficiente en hidrogeles para la higiene de las manos; que se ha hecho un llamamiento a los empresarios para que adapten sus líneas de fabricación de productos a la elaboración de estos equipos de protección (EPI); y que están teniendo dificultades a la hora de suministrar determinados materiales necesarios para fabricar estos EPI, como tejidos, componentes mecánicos o materiales poliméricos.

Proteger a los más débiles

Además de esta actuación de oficio, el defensor del pueblo ha llevado a cabo otras acciones relacionadas especialmente con la atención y protección de las personas que menos tienen y más necesitan y a las que pide un especial seguimiento. El Procurador del Común advierte de que le están llegando numerosas quejas ciudadanas sobre la demora en la tramitación de los expedientes de la renta garantizada de ciudadanía- la prestación de unos 430 euros vinculada a la búsqueda de empleo que se da en Castilla y León a las personas y familias sin ingresos- así como a la resolución de las solicitudes de reconocimiento de la prestación y a la reanudación del cobro de su importe en casos de suspensión.

En esta actuación, de carácter preventivo, el defensor del pueblo ha puesto el foco en la suspensión de plazos en la tramitación de los procedimientos impuesta durante el estado de alarma, con el objeto de que en estos casos no se adoptaran medidas extraordinarias de paralización de plazos que pudieran retrasar que las personas más vulnerables cuenten con esta prestación lo antes posible.

Por otra parte, la institución que preside Tomás Quintana también ha llevado durante este tiempo otra actuación de relevancia, en la que han instado a la Administración autonómica que extreme la vigilancia para la detección de los casos de posible desprotección de los menores cuyos padres o personas de quienes dependan fueran ingresados en un hospital por coronavirus.