El presidente del TSJCyL: "El Gobierno está suspendiendo derechos, algo que no permite la Constitución”

Crítico y tajante. Así es como se ha mostrado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, quien ha alertado de que el Gobierno está usando el estado de alarma para “suspender algunos derechos fundamentales, algo que no permite la Constitución, que solo admite su limitación”.

“No sé cómo nombrarlo, si estado de alarma o estado de excepción lo que padecemos los españoles desde hace dos meses”, ha cuestionado en una entrevista con Onda Cero en la que ha asegurado que el Ejecutivo “está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus” y ha citicado que “las calles se hayan poblado de gente y los negocios y los juzgados no puedan funcionar al 100 por cien”.

“Los escritos están inundando los órganos judiciales y se va a producir un colapso importante”, ha avisado Concepción, quien se ha mostrado convencido de que estos planteamientos no son una “crítica al Gobierno”, sino una “reflexión desde el punto de vista jurídico”.

En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está utilizando el estado de alarma para algo más de lo que permite la ley del 81, que es restringir ocasionalmente algún derecho con la finalidad exclusiva de parar una epidemia, no para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia”.

Sobre los datos aportados recientemente por el TSJCyL, que cuestionan los registros de fallecimientos aportados por la Junta y el Gobierno, José Luis Concepción ha recordado que las cifras dadas sobre las muertes en los hospitales, y que eran las utilizadas para hablar de los decesos en cada territorio, equivalían a la mitad de los que están contabilizados en el Registro Civil.

“Están ascendiendo en más del doble las cifras oficiales”, ha concretado, motivo por el cual se decidió a pedir las certificaciones de fallecimientos ya que le llamó la atención que “dos o tres semanas después de suspender las actuaciones judiciales, una de las principales actividades era la atención al registro civil" y constató que “había dificultades para tramitar las certificaciones de defunciones, debido a las pocas referencias a la causa de la muerte”.