La inyección de liquidez en pandemia ayuda a sobrevivir a 1.300 empresas

En los cuatro primeros meses de este año, el Gobierno que preside Fernández Mañueco ha inyectado liquidez al tejido productivo de la Comunidad por valor de 165 millones de euros que beneficiado a casi 1.300 empresas, principalmente para que puedan cubrir sus principales necesidades de gasto y mantener el empleo en estos meses de confinamiento y parálisis y poder sobrevivir a esta pandemia que parece no tener fin y cuyas consecuencias económicas, laborales y sociales ya se están vislumbrando. De hecho, la Consejería de Economía y Hacienda calcula que con esta financiación han conseguido crear o mantener más de 3.400 puestos de trabajo en este tiempo, con una inversión inducida de 194,8 millones de euros a través de la Lanzadera Financiera en el primer cuatrimestre de 2020.

Una cantidad de dinero invertido que supone un 64 por ciento más de empresas financiadas dela Comunidad que el pasado año en estas mismas fechas, cuando se contabilizaron 787 proyectos con ayudas o préstamos por valor de 135,5 millones de euros. Además, el 64 por ciento de estas ayudas de financiación han sido para circulante cuando el pasado año fue del 44 por ciento, mientras que para inversiones productivas se pasa del 54 por ciento en 2019 al 27 por ciento actual.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avanzaba que el objetivo de la Junta es mantener y fortalecer en los próximos meses esta linea de ayudas para poder estabilizar al tejido productivo y conseguir que al final de este año Castilla y León esté por debajo de la media nacional en cuanto a deuda, paro y recesión. Así, anunciaba la puesta en marcha de dos nuevas iniciativas en los próximos meses para lograr este objetivo. La primera, que se van a triplicar los fondos y créditos en colaboración con la Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval “para llegar a más empresas y salvar el mayor tejido productivo y empleo de la Comunidad posible”, decía, y, la segunda, una nueva línea crediticia para autónomos y pequeñas y medianas empresas, la quinta en total que pone en marcha en la Región en esta pandemia, que facilitará los avales a los préstamos de entre 40.000 y 300.000 euros, hasta cinco años y 12 meses de carencia, con una bonificación del 2 por ciento de los costes financieros y de los gastos de Iberaval. Se trata de ayudas directas en créditos para más de 30.000 autónomos.

Además, el consejero anunciaba la creación de un nuevo un fondo de recuperación para empresas que se nutrirá mediante la colaboración del Banco Europeo de Inversiones y avanzaba que el miércoles de la semana que viene se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) un nuevo aplazamiento en el pago de tributos autonómicos mientras dure el estado de alarma, que alcanzará a los 114.000 contribuyentes beneficiados por un importe total estimado superior a 120 millones de euros.

Fernández Carriedo recordaba que hasta la fecha se han aplazado 70 millones de euros a 67.500 contribuyentes, y que hasta ayer han sido 25.900 los contribuyentes que habrían podido aplazar el pago correspondiente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por valor de 27 millones de euros, y más de 41.600 contribuyentes lo habrían hecho en los de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados de personas físicas, Pymes y autónomos, cuya cuantía asciende a 43 millones de euros.

Al respecto, el consejero instaba al Gobierno de España a aplazar también los tributos de su competencia -IVA, Sociedades e IRPF-, a Pymes y autónomos, así como a ampliar el plazo de la campaña del IRPF 2019 más allá del 30 de junio, para que la Junta pueda prestar el servicio de ayuda presencial a los contribuyentes del medio rural.

De la misma forma, reclamaba a Pedro Sánchez que garantice a las Comunidades Autónomas la suficiencia financiera precisa para el ejercicio de sus competencias y así asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales asociados a la crisis de la Covid-19 para ayudar al tejido productivo y a los más vulnerables.

Finalmente, volvía a demandar al Gobierno de la nación que las regiones puedan gestionar los fondos que lleguen de la Unión Europea y que estos, además, se repartan de una manera justa y equilibrada en función del escenario y las peculiaridades de cada territorio, y que el nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda, se fije también acorde a las nuevas circunstancias.