Coronavirus

Oxígeno para el transporte público de viajeros por carretera

El Gobierno autonómico aportará este año más de 17 millones de euros para salvar a este sector de la quiebra y no dejar al medio rural sin conexiones

Transporte a la Demanda en Castilla y León
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Otro de los gremios que peor lo está pasando en los últimos tiempos, pero cuya situación ha empeorado ostensiblemente con la pandemia y el confinamiento, es el del transporte público de viajeros por carretera. Un sector que viene de años complicados y con un déficit que ha obligado a la Junta a trabajar en una nueva Ley del Transporte como tabla de salvación, y que entre marzo y mayo, debido a la limitación de la movilidad por el estado de alarma, se ha desplomado con una caída en el número de viajeros por encima del 90 por ciento, a lo que hay que sumar el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria. Una situación que ha provocado en tan solo dos meses una reducción drástica de los ingresos de las concesiones de transporte en un 95 por ciento, quedando afectado sustancialmente su equilibrio económico financiero.

Ante este momento excepcional, y dada la importancia de este servicio el interés general ya que garantiza que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos además de cohesionar el medio rural de la Comunidad porque las líneas de las distintas empresas llegan a los más de 2.200 municipios que tiene la Región, con especial hincapié en al conocido como transporte a la demanda, una de las señas de identidad de Castilla y León, el Gobierno autonómico ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno una partida adicional de 4,2 millones de euros para compensar las tremendas pérdidas que las empresas están sufriendo.

Una cantidad importante pero a la que habría que añadir otros 13 millones de euros que es lo que destina al año la Junta al mantenimiento de este sector, por lo que al final de año serán más de 17 los millones de euros que se destinarán a las 235 concesiones de transporte público de viajeros existentes en la Comunidad, que afectan a 134 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.

Son en su gran mayoría servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales para comunicar localidades de escasa población con los principales núcleos de Castilla y León, o bien transportes metropolitanos o periurbanos.

Tabla de subvenciones al transporte público de viajeros por carretera
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El vicepresidente Igea destaca que estos fondos deben contemplar la ruralidad de los distintos territorios y la esencialidad del transporte rural y, de modo fundamental, modelos de gestión como el transporte a la demanda que permiten la conexión de los núcleos de población con los centros sanitarios y demás servicios esenciales que serán determinantes en la desescalada como “centinelas sanitarios” de una población envejecida y, por ello, con unos menores niveles de motorización privada.

“La pandemia no puede romper el modelo de movilidad que con grandes esfuerzos se ha implantado en Castilla y León, ni debe servir para acabar con el consenso alcanzado entre todos hace unos meses durante la Cumbre del Clima sobre el futuro de la movilidad que queremos para nuestros territorios: una movilidad basada en el transporte público y en el sistema concesional español como garante de la igualdad de oportunidades entre los territorios y entre el mundo urbano y el rural”, señala, mientras espera que el Gobierno de España se implique también en este esfuerzo económico con nuevas fórmulas extraordinarias de financiación a las Comunidades Autónomas, en las que no solo tenga en cuenta el transporte urbano y el metro, sino especialmente las necesidades del medio rural.

Otros acuerdos

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobaba este jueves la contratación por más de 13,8 millones de euros para garantizar la gestión avanzada de los residuos sanitarios producidos en los centros asistenciales del Servicio de Salud de la Región. El acuerdo estará en vigor en el periodo 2020-2023, incluye una posible prórroga de dos años más y, durante su funcionamiento, se irá adaptando a cualquier modificación que experimente la normativa de residuos vigente.

Asimismo, la Junta ha dado luz verde a un gasto do de 8,5 millones de euros para la contratación del servicio de lavandería del Complejo Asistencial de León. Este acuerdo comprende el lavado, desinfección, planchado, doblado y empaquetado del material textil que utilizan tanto los pacientes como los profesionales de las instalaciones hospitalarias leonesas. Objetivo: garantizar que se cumple siempre con los estándares de higiene necesarios para el desarrollo de la actividad asistencial.

De la misma forma, el Gobierno que preside Fernández Mañueco ha autorizado este jueves destinar más de 4,3 millones de euros para impulsar actuaciones de apoyo a los sectores cultural, deportivo y del turismo en la Comunidad, afectados por la crisis de la Covid-19. Una partida dirigida a la modernización, innovación y digitalización en el sector cultural y deportivo; en fomentar el asociacionismo, y potenciar la promoción y la formación en las industrias culturales y recreativas y el patrimonio cultural.

La actuación, incluida en la línea de ayudas prevista en el Decreto Ley 2/2020 de 15 de abril, se dirige también a dotar de liquidez, mediante la financiación de los gastos a los que deben hacer frente, a las empresas turísticas, las industrias culturales y creativas y a las entidades deportivas que por motivo de la COVID-19 están pasando dificultades económicas.

Finalmente, la junta de consejeros daba el visto bueno a otros 3,4 millones de euros, que forman parte de la línea de ayudas prevista en el Decreto Ley 2/2020 de 15 de abril, para apoyar a autónomos y microempreas de la Comunidad afectados por la crisis del coronavirus. Si bien, el vicepresidente Igea explicaba que en su conjunto estas subvenciones superan los diez millones de euros, con un millón adicional parala Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval destinada a hacer frente a los costes financieros asociados a la ejecución de la línea de ayuda ya en funcionamiento, para incrementar la liquidez y apoyar el sostenimiento de la actividad de autónomos y micropymes perjudicadas por los efectos de la pandemia.