Residencias pospandemia: control diario de trabajadores y usuarios, más inspecciones y calidez

Las residencias de personas mayores, con discapacidad o dependientes de Castilla y León son los espacios que más están sufriendo el azote de esta pandemia que ya empieza a dejar ver la luz al final del túnel en esta Comunidad, que este lunes ha entrado oficialmente en Fase 1, con la reapertura de la actividad económica y con mayor presencia de gente por las calles y terrazas. Si bien la situación en estos centros residenciales sigue siendo complicada y el virus aunque ha aflojado sigue sin dar tregua.

De hecho, los positivos confirmados por coronavirus entre usuarios de residencias de Castilla y León suma los 6.818 este lunes, con tres casos nuevos respecto a la jornada de ayer, mientras que otros tres usuarios de residencias y viviendas tuteladas de la Comunidad han fallecido en las últimas horas con la Covid-19 confirmada, dejando la cifra total en 1.457, a los que habría que sumar otros 1.101 que han perdido la vida con síntomas compatibles y a los que no se les ha hecho las pruebas, por lo que el coronavirus ha estado detrás de la muerte de 2.558 usuarios de residencias. Si bien, la buena noticia llega de los que han superado la enfermedad, cuya cifra supera ya los 5.500.

Pero apuntados estos datos actualizados, el lunes arrancaba con la comparecencia del gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes para dar cuenta de su gestión durante la pandemia. Durante su intervención, ponía en valor el “esfuerzo", casi sobrehumano de los trabajadores de los Servicios Sociales de la Comunidad para asegurar la mejor atención de las personas que viven en las residencias, destacaba la fortaleza del sistema sociosanitario y de la Dependencia de esta Región y llamaba a mejorar en el futuro desde un nuevo modelo residencial que se apoye en sus virtudes, entre las que citaba el sistema de monitorización llevado a cabo estos meses para hacer un seguimiento de la enfermedad en estos centros.

“En el futuro debemos aprovechar estas herramientas informáticas y apostar porque estos centros se sometan a un control diario, con el envío obligatorio por parte de los directores de los centros, de los datos con el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y los usuarios que hay en esos momentos para comprobar que cumplan la ratio de personal por residentes”, aseguraba De Pablos, al recordar lo que se viene haciendo en esta crisis sanitaria con los fallecidos y contagiados durante la crisis sanitaria. Asimismo, el gerente regional de Servicios Sociales apuntaba que este futuro modelo residencial deberá intensificar las inspecciones que se realizan a estos centros -el pasado año se hicieron cerca de 1.400 a 800 residencias con apenas medio centenar de inspectores y en esta pandemia han sido 300- además de contratar a más personal para que puedan llevarlas a cabo con más agilidad y exaustividad.

Pero todas estas acciones, según De Pablos, habrá que combinarlas con una mayor calidez en la atención que se presta a los usuarios, intentando que se sientan como en su propia casa, y garantizando su salud.

Más de 6,1 millones de unidades de EPIs

El gerente regional de Servicios Sociales enumeraba durante su exposición las actuaciones acometidas por su departamento y la Consejería en esta pandemia, primeramente restringiendo las visitas a las residencias el día 11 de marzo y suspendiéndolas dos días más tarde para frenar la entrada del virus,o finalmente interviniendo hasta seis residencias de la Comunidad que no podían garantizar la salud de los residentes porque carecían de medios humanos y de protección y estaban “sumidas en el caos”.

Asimismo, también destacaba las 667 personas que se han contratado para reforzar los centros públicos de la Junta, entre los que citaba 222 auxiliares de enfermería, 123 cuidadores, 163 empleados del sector Servicios y 41 enfermeros, además de 139 empleados públicos de otras Consejerías, 53 adscripciones temporales de personal de la Administración regional y nueve alumnos de último curso de Enfermería.

De la misma forma, y pese a lo complicado de conseguir EPIs al principio de la pandemia, según reconocía De Pablo, este apuntaba que en este tiempo, al final, se han repartido más de seis millones de unidades de material de protección entre los centros residenciales, de los cuales 3,8 millones han sido mascarillas y 1,6 millones guantes, además de más de seiscientas actuaciones de desinfección de la mano de la Unidad Militar de Emergencias y otras unidades del ejército dentro de la Operación Balmis, e incluso bomberos de las diputaciones y los ayuntamientos, a quienes agradecía su gran labor.

Terminada su intervención, comenzaba el debate parlamentario con las preguntas de los representantes de los grupos en la Comisión. Desde la oposición socialista como del grupo mixto, protagonizada por Podemos, echaban en cara al gerente regional de Servicios Sociales la apuesta de la Junta por los centros privados en detrimento de los públicos, así como los “recortes” del PP en los últimos años, dejando entrever que detrás del elevado número de fallecidos en las residencias se encuentran estos hechos. “Lo que ha ocurrido es consecuencia de muchos años de recortes, de una apuesta por el ahorro económico en lugar de garantizar la calidad de la atención, y de un modelo residencial que ha quebrado”, decía la socialista María Isabel Gonzalo, quien aseguraba que de cara al futuro hay que trabajar para evitar que se repita la misma situación.

Desde Podemos, Laura Domínguez no llegaba a tanto en sus críticas pero sí que coincidía con la procuradora del PSOE en la “necesidad y urgencia” de cambiar el modelo actual que impera en las residencias y en apostar decididamente por los centros públicos por si produjera un rebrote en otoño.

Desde el PP, Carmen Sánchez destacaba la estrecha colaboración existente entre la Junta y las entidades locales para asegurar los servicios, mientras que en Ciudadanos, María Teresa Gago apuntaba también a este cambio de modelo residencial como algo en lo que hay que avanzar cuanto antes, pero a través de una nueva Ley que garantice a las empresas un mínimo de equipos de protección o más formación en sus trabajadores.