La Junta aprueba un crédito de 231 millones para contar con liquidez ante la crisis del covid-19

El Consejo de Gobierno ha acordado acceder a 231 millones de euros para operaciones de endeudamiento a largo plazo para 2020, y que se financiarán a través del Fondo de Facilidad Financiera para Comunidades Autónomas, y de esta manera atender a las necesidades de liquidez ante la crisis del coronavirus. Así lo anunciaba el vicepresidente y portavoz de la la Junta, Francisco Igea, en posterior rueda de prensa.

Las condiciones de esta adenda son idénticas a las inicialmente suscritas, es decir, operación a un plazo de 12 años, si bien 163 millones de euros devengarán un tipo de interés al 0 por ciento y 68 millones al tipo establecido para las disposiciones del segundo trimestre.

Asimismo la Junta ha declarado de emergencia la contratación de servicios y suministros por el covid-19 por un importe de 28,5 millones de euros. Ello permitirá la compra de mascarillas, pantallas de protección facial, buzos de protección, guantes, diversa indumentaria sanitaria, sudarios y bolsas de cierre, material de limpieza, de laboratorio, test y servicios y material para el personal de Protección Civil y Emergencias.

Entre otros acuerdos a los que se ha dado luz verde en el Consejo como una subvención de 400.000 euros para contratar una auditoría externa de I+D+i; 900.000 euros en subvenciones a las diputaciones provinciales para el suministro de agua potable a zonas de escasez; 272.000 euros para obras de seguridad vial en la CL-501 en la provincia de Ávila; 250.000 euros para la reforma de la terminal de autobuses de El Espinar (Segovia); 7,2 millones de euros para la compra de vacunas para proteger a la población de Castilla y León; 2,5 millones de euros a la compra de suministros para la actividad ordinaria de sus centros asistenciales; 2,4 millones para la adquisición de material para la asistencia sanitaria durante esta crisis; y 687.0000 euros al servicio de gestión de citas del Ecyl para agilizar la atención a los usuarios en sus oficinas.

Desigualdad política

Por otra parte, Francisco Igea también se refirió al acuerdo para que el País Vasco y Navarra gestionen la renta mínima, calificando el hecho de “desigualdad política” y que viene provocado por las decisiones acordadas por Bildu. “No se debe continuar por este camino”, ha dicho y ha defendido a los ciudadanos de Castilla y León “que no son mejores ni peores que los de otros territorios”.

Además, se ha mostrado crítico por el hecho de que el Gobierno vaya a gestionar la reducción de tasas universitarias con “el presupuesto de los demás”, al defender que se trata de una medida que tienen que financiar las respectivas comunidades autónomas, al tener las competencias en Educación.