Absuelven a la Junta de la denuncia por no proteger a sus médicos en los hospitales de Burgos

El Juzgado de lo Social Número 3 de Burgos da la razón al Gobierno autonómico y desestima la demanda presentada por el sindicato CESM Castilla y León contra la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud, a las que había puesto una denuncia por vulnerar el derecho a condiciones de protección de la salud y seguridad en el lugar de trabajo en los tres hospitales de Burgos.

Se trata de la primera sentencia en España que absuelve a un Gobierno de una Comunidad Autónoma, lo que contrasta con la reciente resolución de un juzgado de los social de Teruel que, por un caso similar a este, ha condenado al Gobierno de Aragón que preside el socialista Javier Lambán.

El Juzgado de lo Social Número 3 de Burgos ha considerado que los profesionales de los tres hospitales burgaleses dispusieron en todo momento del material de protección individual necesario para desarrollar su actividad sanitaria.

El sindicato alegaba que la Administración autonómica había vulnerado el derecho fundamental a contar en su lugar de trabajo de las condiciones satisfactorias de protección de la salud y seguridad, como consecuencia de la inactividad de la Administración, que, consideraba, no había proporcionado al colectivo sanitario las medidas de protección necesarias contra el Covid-19, infringiendo con ello la normativa sobre prevención de riesgos laborales.Sin embargo, el Juzgado de lo Social, estima la alegación efectuada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León relativa a la falta de legitimación activa parcial del sindicato.

Considera en este sentido que no podía pretender de la Administración, como había hecho, la adopción de medidas para todos los profesionales de la sanidad en general, al ser un sindicato sólo de médicos, y también respecto a los sanitarios de las residencias geriátricas privadas, en los que la empresa no es el SACyL, sino una empresa o entidad privada.

En segundo lugar, respecto al fondo del asunto, acepta los argumentos jurídicos de los letrados de la Junta, que consideran que no se ha probado que los médicos no hayan dispuesto en algún momento de los Equipos de Protección Individual necesarios, menos aún en el momento de la presentación de la demanda, momento en que la situación ya se encontraba totalmente controlada. Por ello, sostienen que los profesionales sanitarios han contado y cuentan con los equipos de protección individual necesarios para evitar el riesgo de exposición al Covid-19.

Además, el juzgado considera que esta situación descrita de suficiencia de equipos de protección se mantiene, y es previsible que se vaya a mantener en los próximos meses. Explica al respecto que el 13 de mayo de 2020 la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León llegó a un acuerdo para el suministro de 180 millones de guantes de nitrilo durante 12 meses y 15 millones de mascarillas quirúrgicas tipo IIR durante seis meses, para su distribución en los distintos hospitales de la Comunidad autónoma.

En la sentencia se considera que, a la vista de los documentos aportados por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León, resultan probados los esfuerzos realizados por la Junta de Castilla y León para poder suministrar los equipos de protección adecuados a los profesionales sanitarios para la prestación de sus servicios.En concreto, se destaca que, desde el 9 de marzo de 2020, se han distribuido por la Administración autonómica entre los centros e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud, así como entre los centros sociosanitarios y centros residenciales de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, en función de sus distintas necesidades.Por estos motivos, el Juzgado concluye que la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para dotar de protección a los médicos que prestan sus servicios en los tres centros del área de salud de Burgos.

También establece que ha proporcionado en los centros sociosanitarios y centros residenciales de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, los correspondientes equipos de protección individual previstos en los distintos procedimientos y protocolos de actuación frente a la exposición al Covid-19.Entiende que los profesionales sanitarios han dispuesto en todo momento del material de protección individual necesario para desarrollar su actividad sanitaria, a pesar de la situación complicada de desabastecimiento a nivel mundial durante el principio de la crisis sanitaria.

La resolución judicial fija además que han tenido la formación necesaria correspondiente al respecto, y también han sido objeto de un control serológico adecuado de la enfermedad para prevenir contagios.El Ministerio Fiscal, que fue parte en el procedimiento, también pidió la desestimación de la demanda al no haberse probado inactividad por parte de la Administración demandada, sin que en ningún momento en el área sanitaria de Burgos hayan faltado EPIS para los profesionales sanitarios