La Fiscalía archiva la investigación sobre el no traslado desde residencias a hospitales

La Fiscalía Superior de Castilla y León ha decidido archivar la investigación abierta tras una denuncia del Defensor del Paciente sobre hechos vinculados con el “no traslado de los residentes enfermos a los hospitales” durante la crisis sanitaria de la Covid-19.

Según informan fuentes del ministerio público, de las denuncias remitidas y documentación aportada por la asociación acerca del protocolo interno para la atención sanitaria a usuarios de residencias de mayores durante la pandemia, en el que se recogía que a los pacientes de las residencias sospechosos de sufrir coronavirus se les atendería sin necesidad de movilizarlos ni trasladarlos a los hospitales, “no se desprenden datos que puedan dar lugar al ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal por entender que los hechos no revisten carácter de delito”.

En un decreto con fecha de hoy de la fiscal superior de la Comunidad, Lourdes Rodríguez Rey, se indica que “sin perjuicio de la crítica legítima que desde el ámbito ciudadano pudiera hacerse al sistema de gestión de las residencias de mayores, desde la perspectiva puramente penal los hechos denunciados no tienen carácter delictivo”.

Carta a la fiscal general del Estado y Pablo Iglesias

El pasado 20 de mayo, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, remitía a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con copia al vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, una misiva en la que solicita que la Fiscalía investigue si Castilla y León pidió, bajo requerimiento de la Comunidad de Madrid, no derivar ancianos a los hospitales.

En esta carta se apuntaba que Castilla y León era la tercera Comunidad con más fallecimientos de ancianos por Covid-19 de España, tras Madrid y Cataluña, y por ello el Defensor del Paciente se preguntaba si “¿deben obediencia otras comunidades a la Comunidad de Madrid?”.

“Esto señora fiscal, no se puede obviar, solo le pedimos que tome medidas porque los centros para ancianos no deben ser un trampa mortal, son lugares (o al menos eran) de cuidado y no hospitales en los que se les ha denegado la atención a los seres humanos que tenían derecho a ello. Entendemos que esto es más que una alarma es un horror, una total locura y apelamos a su sensibilidad”, se podía leer en la misiva.

Respuesta de la Junta

Tras conocerse esta decisión, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, mostraba su satisfacción por la rapidez con la que ha resuelto la Fiscalía esta denuncia, recalcando que la Justicia “es una garantía para todos”.

Igea ha querido agradecer personalmente el trabajo durante estos más de tres meses de las consejeras de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Verónica Casado e Isabel Blanco “por la templanza con la que han afrontado algunos comentarios” y ha dejado claro que el informe donde se aconsejaba a los médicos primar la hospitalizacion domiciliaria en los propios centros residenciales, era lo correcto.