El Consejo de Cuentas fiscalizará la labor de Diputaciones con los ayuntamientos que no cumplen

En su afán por avanzar y mejorar en la transparencia y gestión que llevan a cabo las entidades locales de la Comunidad, y especialmente aquellas de menos tamaño puesto que son las que más dificultades tienen para rendir cuentas, el Consejo de Cuentas de Castilla y León analizará con lupa también a partir de ahora las actuaciones que llevan a cabo las nueve Diputaciones Provinciales con estos ayuntamientos pequeños que reiteradamente no cumplen y que son alrededor de un 12 por ciento de los 2.248 que hay en esta Región.

La institución que preside Mario Amilivia continúa con su fulgurante actividad de estos meses de pandemia y este viernes aprobaba en Pleno el inicio de dos nuevas fiscalizaciones correspondientes al plan de trabajo de este año, según ha informado el órgano de control externo en un comunicado.

Por una parte se ha dado luz verde a las directrices técnicas para el inicio de la fiscalización de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) de las diputaciones provinciales de Castilla y León, con especial incidencia en su actividad para evitar la falta de rendición de las Entidades Locales de su correspondiente ámbito territorial.

Esta fiscalización operativa permitirá tener una imagen clara de la situación de los Servicios de Asistencia Técnica de las diputaciones. El consejo ha recordado que a 31 de diciembre de 2019 habían remitido la Cuenta General del 2018 un total de 3.343 entidades locales, el 70,4 por ciento de las integrantes del Sector Público Local de la Comunidad, de forma que 1.407 entidades locales no habían rendido las cuentas de dicho ejercicio.

Por ello, los objetivos de la fiscalización pasan por definir y analizar las actuaciones llevadas a cabo por las diputaciones en relación con los ayuntamientos que no rinden cuentas, y analizar las dotaciones de personal y estructura de los puestos de trabajo existentes en los SAT de las nueve instituciones provinciales además de Consejo Comarcal de El Bierzo. Todo ello en relación con la prestación de los servicios de administración electrónica a los ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y la observancia y aplicación por los ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 habitantes de la normativa sobre administración electrónica. También es una fiscalización operativa, por lo que se analizará la ejecución de las medidas y actuaciones establecidas en los programas presupuestarios destinados a la e-Administración, evaluando la mejora en la facilidad de acceso a los procedimientos por parte de los ciudadanos.

Asimismo, el Pleno del Consejo de Cuentas ha dado luz verde al proyecto de directrices técnicas para la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas.

En este caso se analizará en la muestra seleccionada el cumplimiento normativo de los asuntos claves para la transformación digital, como son la sede electrónica, los sistemas de notificación electrónica, la identificación y firma, el registro electrónico o la carpeta ciudadana, ente otros. Tanto en el caso de las diputaciones como de los ayuntamientos, se mirará con lupa la incidencia que en estos servicios haya podido tener la Covid-19.