Más de cinco millones para contratar a cientos de perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadania

El Consejo de Gobierno también destina 1,6 millones al Programa "Conciliamos" en verano

El vicepresidente Francisco Igea y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, antes de dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno
El vicepresidente Francisco Igea y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, antes de dar cuenta de los acuerdos del Consejo de GobiernoEduardo Margareto/Ical

El Consejo de Gobierno autorizó la concesión de dos paquetes de subvenciones por un importe total de 5,16 millones de euros para que los municipios de más de 5.000 habitantes incentiven la contratación de 408 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Según informó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, el objetivo de esta medida es favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, que se dedicarán a ejecutar obras y servicios de interés general. Asimismo, la Consejería de Empleo e Industria anticipará el 50 por ciento de la cuantía de las ayudas aprobadas hoy.

La iniciativa incluye entre sus ejes el fomento de la contratación a través de diversos programas que se desarrollan de la mano de las entidades locales. Algunos de ellos se dirigen específicamente a promover la inserción de determinados colectivos, que por circunstancias personales y sociales tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo.

Estas dos subvenciones aprobadas se enmarcan en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación 2016-2020. La primera de ellas, con un importe máximo de tres millones, financia una parte de los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación temporal de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con una previsión de 300 contratos.

La asignación de la ayuda para cada entidad se realiza en función de dos criterios: la media de parados registrados en el municipio en el último ejercicio cerrado y el número de personas censadas que perciben la citada prestación. Los apoyos se inscriben en la Estrategia de Empleo Rural y Local, incluida en el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020.

La segunda línea, dotada con un máximo de 2,16 millones, tiene una finalidad similar a la anterior, salvo que en este caso los contratos –que tendrán una duración mínima de 12 meses para generar derecho a prestación por desempleo– deben formalizarse a perceptores de la Renta Garantizada mayores de 55 años, atendiendo así a otro colectivo prioritario. Se estima que estos apoyos favorecerán la inserción laboral de 108 personas.

Además, el Consejo de Gobierno aprobó que el Centro Internacional de Idiomas gestione el programa “Conciliamos 2020″, que tiene por objeto facilitar la conciliación personal y laboral de las familias con hijos menores en Castilla y León, según informó Francisco Igea, quien informó que la adjudicación se ha producido por un importe de 1,5 millones de euros y que la contratación de este servicio ha sido declarado de emergencia.

Informes sobre residencias

Por otra parte, el vicepresidente explicó que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, enviará una carta al Gobierno de España para pedir que los informes periódicos y obligatorios solicitados a las autonomías sean públicos porque los ciudadanos tienen derecho a conocer esos datos. “Esto es una vergüenza, el Gobierno dio orden de que se diera información periódica, Castilla y León ha cumplido y exige saber quien no ha enviado ningún informe”, declaró Igea.

Fondo Facilidad Financiera

Además, el Ejecutivo autonómico acordó la adhesión de la Comunidad al Compartimento de Facilidad Financiera por valor de 378,9 millones para cubrir las necesidades de financiación correspondientes al tercer trimestre de 2020. La Junta contará con recursos financieros para atender las necesidades de liquidez en un contexto de crisis causada por el Covid-19.

En cuanto a las condiciones financieras, se trata de una operación a un plazo de 12 años (cuatro años de carencia y ocho de amortización) y el tipo de interés será el del rendimiento medio de la Deuda del Estado a plazo equivalente. Esto supone un ahorro en gastos financieros respecto del coste que le correspondería asumir a la Comunidad si optara por acudir a los mercados financieros.

Suministros coronavirus

El Consejo de Gobierno conoció la declaración de emergencia la contratación de diversos suministros y servicios con motivo de la crisis sanitaria de la Covid-19, por un importe de 10,6 millones. Dada la necesidad de hacer frente, de manera urgente, a la crisis sanitaria fue necesaria la adquisición de diferentes componentes de equipos de protección individual y otros de logística para gestionar la situación de emergencia.

Los contratos incluyen la compra de 12,6 millones de mascarillas y seis millones de guantes, por un importe de 9,3 millones de euros. El resto de los suministros incluyó productos de limpieza, prendas para los voluntarios de protección civil, adecuación de redes en salas del 112 y materiales de protección para vehículos, por un importe de 1,2 millones.

En materia agrícola, la Junta dio luz verde a la Consejería de Agricultura para que encomiende la realización de las obras de interés general correspondientes a la red de drenaje de la zona regable de Arabayona (Salamanca) a la empresa Tragsa por un importe de 2,4 millones.

Estos trabajos afectarán a una superficie de 750 hectáreas con problemas de inundaciones, de las 3.319 que abarca la zona regable de Arabayona (Salamanca) y van a mejorar las condiciones de trabajo de 865 regantes.

Yacimientos de Atapuerca

Por último, la Consejería de Cultura y Turismo concedió una subvención de 60.000 euros a la Fundación Atapuerca, para financiar los gastos de seguridad y logística de la campaña de excavaciones del año 2020 que se llevará a cabo en los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca.